Zonas de sacrificio ambiental: repensar el desarrollo, repensar el habitar
Por Cynthia Pedrero
Actualmente, el crecimiento poblacional a nivel mundial está llevando a una gran presión ecosistémica y ambiental, provocando consecuencias tales como la pérdida de la biodiversidad, la degradación del medio, y efectos a corto y largo plazo en la salud de las personas debido a los efectos de la contaminación.
De acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente, en Chile, la contaminación atmosférica es el principal problema que afecta la salud y calidad de vida de los habitantes, donde casi diez millones de personas se encuentran expuestas a material particulado en niveles superiores a la norma establecida por la OMS.
Producto de un modelo económico centrado en la explotación de recursos naturales -basada en la incuestionable riqueza natural a nivel nacional-, las desigualdades socioambientales en Chile han ido en aumento, generando un acelerado empobrecimiento de nuestras ciudades y el consecuente incremento de las injusticias espaciales y ambientales. Debido a la nula participación de los habitantes en los procesos de construcción de ciudad y el escaso reconocimiento de la dignidad humana, se produce el agotamiento de los recursos naturales, la destrucción de los ecosistemas y el hábitat, acrecentando también el deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud de las personas. Esto, se configura como un costo aparentemente necesario de una minoría en pos del desarrollo económico y del desarrollo nacional, donde los devastadores costos sociales y ambientales asociados son innegables, alejándonos cada vez más de los objetivos del desarrollo sostenible, convirtiéndose, en sustentador por excelencia de las injusticias ambientales, sociales y territoriales.
En las últimas semanas, medios de comunicación han dado énfasis a la tragedia de las llamadas zonas de sacrificio ambiental, casos emblemáticos de contaminación de nuestro país donde existe una alta concentración de cargas ambientales distribuidas de manera poco equitativa. A partir de la aparición del conflicto socioambiental que aqueja a estas zonas, se visibilizan los problemas ambientales como un tema de debate público que atraviesa las esferas político-económicas, socioculturales y éticas de la planificación territorial, los cuales, además, nos interpelan en la obligación de repensar cómo queremos seguir habitando nuestros territorios.
Las consecuencias de las actividades extractivas e industriales de alto impacto afectan no sólo el derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación, sino que también infringe los derechos fundamentales de los seres humanos, como el derecho a la vida y el derecho a vivir en condiciones de bienestar integral. Debido al daño ambiental y a la salud de las personas provocado por los focos de alta industrialización, es posible hablar abiertamente de discriminación, vulneración de los derechos ciudadanos, y de abandono de los habitantes por parte del Estado, transformando algunos territorios en zonas paradigmáticas de injusticia ambiental.
Pero ¿Son las zonas de sacrificio ambiental zonas aisladas del país? Más aún ¿tiene el Estado, el derecho de declarar y validar la existencia de zonas, donde sacrificar a sus habitantes sea validado y normalizado? Todo parece indicar que estas zonas no son una excepción, sino más bien, el resultado de la forma en que se ha desarrollando el modelo económico en Chile. Las zonas de sacrificio ambiental se configuran como el reflejo de las intenciones del Estado, de potenciar el crecimiento económico, y que, poco -o nada-, atiende los resultados de deterioro social y ambiental que genera este supuesto progreso nacional.
Es preciso señalar que, en el caso de las comunas de Quintero y Puchuncaví a fines de los años 50’s, el Estado, en su afán desarrollista, decide la instalación de lo que se constituirá como el actual Complejo Industrial Ventanas, Parque industrial donde posteriormente el mismo Estado admitiría el establecimiento de asentamientos humanos con las nefastas consecuencias por todos conocidas. Entonces cabe preguntarse, ¿dónde están los responsables? y, además, ¿es posible plantear un paradigma alternativo en medio del avasallante modelo económico neoliberal, que apele a detener la destrucción de nuestro hábitat y la degradación de nuestros ecosistemas, y que, además, asegure una vida digna y justa ambientalmente para las y los habitantes?
