Complejo industrial Ventanas: una historia de conflictos socioambientales
Por Cynthia Pedrero*
A fines de los años 50’s, la zona Quintero-Puchuncaví se consolida como zona industrial a escala regional y nacional, generando consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud de sus habitantes. Debido a los procesos productivos de la industria del complejo Ventanas ubicado en esta zona, sumado a las características geográficas y meteorológicas del lugar, se favorece la formación y acumulación de contaminantes. El año 1993 debido a la alta presencia de dióxido de azufre (SO2), anhídrido sulfuroso (O2) y material particulado (PM10) por el emplazamiento del Complejo Industrial Ventanas, la zona se convirtió en la primera zona saturada del país (INDH, 2015), enfrentándola a constantes conflictos sociales y ambientales.
A causa de los efectos de la contaminación por parte de la industria también se han generado cambios en las actividades productivas de la zona, obligando a las comunidades a modificar sus actividades económicas basadas principalmente en actividades silvoagropecuarias. Estas modificaciones, sumadas a las confrontaciones históricas con autoridades y actores del sector empresarial, han caracterizado a la zona por los continuos conflictos sociales y ambientales que se arrastran hasta el día de hoy.
En efecto, las emergencias medioambientales en Puchuncaví y Quintero del pasado 23 de agosto del presente año, han obligado a decretar alerta amarilla en la zona debido a una nube tóxica de gases contaminantes que ha afectado a más de 500 personas. Esto, da cuenta de la necesidad de mayor fiscalización de la zona, de un posible cambio en los parámetros normativos nacionales y de un Plan de Descontaminación más estricto. A su vez, deja en evidencia que los conflictos continuarán emergiendo si se sigue anteponiendo al bienestar social, ambiental y a la salud de sus habitantes, la búsqueda del desarrollo económico a través del legado de una era industrial nacional.
Históricamente, el debate del conflicto acontecido a partir de la degradación ambiental y el deterioro de la salud de sus habitantes, toma fuerza a partir de la intoxicación de alumnos y profesores de la Escuela de la localidad de la Greda en la comuna de Puchuncaví el año 2011. A partir de este acontecimiento la comunidad organizada y agrupaciones sociales retoman el debate de la defensa de la zona, de la reapropiación de su territorio y de los recursos naturales existentes en él. Se involucra así, necesariamente la variable económica relativa a sus actividades productivas, un sistema que cuenta con características estructurales complejas. Comunidades organizadas en torno al conflicto socioambiental de la zona reflejan las relaciones existentes entre cohesión social y sustentabilidad ambiental, una nueva forma de racionalidad eco-socio-ambiental que entrega una visión más amplia de la manera en que el territorio se va construyendo social y culturalmente, y los desafíos existentes para el desarrollo local (CEPAL, 2007). De esta forma, y usando el modelo de Redman, Grove & Kuby (2004), es posible entender que procesos y patrones sociales y ecológicos interactúan con un sistemas social ecológico social integrado, en donde factores sociales y factores ecológicos de una zona se encontrarían a su vez, afectadas por condiciones biogeofísicas, económicas y políticas externas.
Asimismo, a partir de grupos activistas y ciudadanos organizados de la zona, se generan cruces entre temáticas relativas a la vulnerabilidad y la resiliencia, apelando al concepto de sustentabilidad ambiental como un proceso de equilibrio entre los usos de los recursos de la naturaleza, las prácticas de los habitantes y las respuestas de estos al conflicto. Estos cruces no sólo se manifiestan en las organizaciones de la sociedad civil, sino que también se han manifestado al interior de las familias producto del sistemático y prolongado abandono de los habitantes en sus demandas, una forma de violencia política sistemática que se experimenta en la vida cotidiana de las personas (Tironi, 2017).
Entendemos entonces la interacción entre lo ambiental y lo social como una relación entre cohesión social y sustentabilidad ambiental de un territorio, donde se sustenta la necesidad de reconocer la importancia de las relaciones entre seres humanos y naturaleza; dos subsistemas que interactúan de forma permanente y que se modifican mutuamente. A partir de esto es posible preguntarnos: ¿Por qué el Estado facilita la acumulación industrial contaminante en Puchuncaví-Quintero y por qué se permite la existencia de zonas de sacrificio ambiental? ¿Cómo zanjar las diferencias entre territorio, inversión y derechos de la comunidad? ¿Cómo dar espacio a la participación efectiva de la ciudadanía y a la nueva racionalidad eco-socio-ambiental? ¿Cómo dar solución al histórico enfrentamiento entre empresas, Estado y comunidades, en pos del bienestar ecológico, ambiental y de los Derechos Humanos?
Cynthia Pedrero Paredes*, Licenciada en Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Analista de Proyectos de Impacto Medioambiental.
Fuente imagen: Patrik Tschudin
Bibliografía:
CEPAL Naciones Unidas, Agencia Española de Cooperación Internacional y Secretaría General Iberoamericana (2007). Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile.
Redman, C. L., Grove, J. M., & Kuby, L. H. (2004). Integrating social science into the long-term ecological research (LTER) network: social dimensions of ecological change and ecological dimensions of social change. Ecosystems, 7(2), 161-171.
Tironi, M., & Rodríguez-Giralt, I. (2017). Healing, knowing, enduring: Care and politics in damaged worlds. The Sociological Review, 65(2_suppl), 89-109.
