Censo en Chile: Del Déficit Habitacional a la desigualdad territorial
Nuevos desafíos en materia de vivienda y ciudad.
Por Mónica Bustos Peñafiel
La apertura de Chile al mercado y el inicio del proceso de sustitución de importaciones durante la década de los años 30, a partir del cual Chile comienza a desarrollar un nuevo modelo económico de carácter manufacturero, determinan un fuerte impulso a las migraciones campo ciudad que ya venían experimentando los centros urbanos desde comienzos de siglo XX.
El efecto económico, social y urbano de este contexto, es tan determinante que incide fuertemente en la conformación de la estructura territorial y urbana del país. Esta situación se evidencia en las ocupaciones ilegales y espontáneas que se generan en los intersticios de la ciudad o en aquellas áreas periféricas, que, configurando un cinturón de marginalidad como nueva expresión territorial de las ciudades, termina por hacer evidente la fuerte demanda de vivienda urbana (Bustos, 2014).
En un momento en que el proyecto residencial es reflejo de un fuerte proceso de modernización del país, el fenómeno es tan determinante, que, la vivienda y la planificación de la ciudad pasan a ser tema de interés político y económico. Por ello, no es casualidad que en medio del proceso de institucionalización en materia habitacional que se desarrollaba en el país en ese momento, se impulsara en el año 1952 el primer censo Nacional de Población y Vivienda.
Si bien desde la colonia ya se habían venido llevando a cabo diversas mediciones de la población en nuestro país, el censo de 1952 buscó medir por primera vez el déficit de viviendas, asociado a la cantidad y concentración de habitantes que han inmigrado a las ciudades, la situación en la que habitan y con ello, los servicios que requería la ciudad, como salud, educación, etc. Se establece así, por ejemplo, que la escasez de vivienda asciende a un 30% del total de residentes del país (Hidalgo, 2007), dato al que se suma la demanda por habitación de la clase media, con capacidad de ahorro y que tiene el anhelo de conseguir una vivienda propia (San Martín, 1992).
De esta forma, el censo viene a colaborar entonces, con el objetivo de racionalizar la construcción habitacional para alcanzar mayores niveles de producción, marcando un punto de inflexión en el que se vuelve impostergable para todas las tendencias políticas proponer programas de vivienda popular, planes y fondos que se multiplicarán en gobiernos posteriores (San Martín, 1992).
El valor de los datos comienza ser reflejo, entonces, de las necesidades del país en un determinado momento, pasando a ser fundamentales en la construcción y evolución de las distintas políticas públicas. Los resultados del censo de población y vivienda adquieren así un uso fundamental en la evaluación, diseño y focalización de los distintos programas en materia de educación, alfabetización, empleo, vivienda, salud, urbanización y desarrollo rural, entre otros.
Aplicado de forma periódica cada 10 años aproximadamente desde 1952, la información recogida por el censo pasa a ser de tal relevancia que, a partir de su comparación en el tiempo, ha permitido actualizar el estado de situación del país, caracterizando sus viviendas y su población, elaborando estimaciones y proyecciones, sobre lo cual se ha ido modificando la estructura institucional y legal en distintas materias, indagando en nuevas soluciones y enfoques, para nuevas problemáticas y desafíos.
De aquí que la información estadística, se transforme en un valor patrimonial del país, una “fotografía” como muchos han dicho, que nos permite reconstituir periódicamente la historia de nuestra sociedad, sus costumbres, sus problemáticas, etc. comprendiendo los distintos fenómenos que ocurren en él.
Por ejemplo, tal como señalábamos, si en los años 50 una de las principales necesidades que se produjo como producto de la inmigración campo-ciudad estuvo centrada en construir vivienda higiénica en propiedad con servicios y equipamientos, abordando el “déficit habitacional”, el gran desafío que hoy tiene la política pública está en el ámbito de la desigualdad que presentan nuestros territorios y en cómo alcanzar la inclusión de todos sus habitantes.
Es por ello que a partir de los datos actualizados que nos entrega hoy la aplicación de un nuevo censo, con una radiografía que ya nos indica altos niveles de desigualdad social, el envejecimiento de la población, fuertes niveles de inmigración -esta vez proveniente de otros países-, etc., la política pública debe enfrentar el desafío de construir un país en el que todos pueden tener acceso a una ciudad consolidada e inclusiva, es decir, con servicios y equipamientos de calidad, incorporando al mismo tiempo la diversidad como valor, al considerar el enfoque de género, la accesibilidad universal, la presencia de migrantes, de distintas etnias, de niños, de adultos mayores, etc. promoviendo la integración social y la equidad territorial.
En consecuencia, si bien es evidente que se ha logrado disminuir el fuerte déficit habitacional que tuvo el país en décadas anteriores, sin duda hoy el desafío está en diseñar ciudades amables e inclusivas, en consolidar aquellos territorios urbanos y rurales que no tienen acceso a servicios o equipamientos y que no cuentan con infraestructura, en pensar en otras modalidades de acceso a la vivienda que no necesariamente tienen que ver con la propiedad, en evitar el envejecimiento de las viviendas y los barrios existentes, en indagar en nueva tipologías arquitectónicas que respondan a nuevos tipos de familias y nuevas formas de habitar, etc. En definitiva, trabajar por el diseño de políticas habitacionales y urbanas que permitan alcanzar la equidad territorial igualando las condiciones de sus habitantes en todo el contexto nacional.
