Villa San Luis, o la insoportable levedad del patrimonio en Chile

Por Rodrigo Gertosio Swanston*

Fotografía: Dr. Ricardo Tapia Zarricueta.

La polémica noticia sobre la disminución de un 90% de superficie de protección patrimonial de la Villa San Luis (Las Condes, Santiago) del 26 de junio de 2019, a tan sólo dos años de haberse declarado Monumento Nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), es una sucesión de hechos que marca un punto de inflexión que abre una serie de interrogantes sobre la ambivalente protección patrimonial en Chile, así como por la real efectividad de la Ley de Monumentos a la hora de reaccionar frente a presiones de grupos de poder.

A modo de síntesis, la disputa por este emblemático territorio tiene larga data: desde el triunfo de la construcción de una Unidad Vecinal de arquitectura del Movimiento Moderno inaugurado en 1972, construida en un territorio de cono de alta renta que buscó promover un polo urbano de integración social en tiempos de la Unidad Popular, materializando la idea de la “viviendas dignas para hombres dignos” (Lawner, 2013, pág. 171) [1]. Luego vino la violenta expulsión de sus habitantes originales la noche del 28 de diciembre de 1978 para entregar tales departamentos a funcionarios de las Fuerzas Armadas. Posteriormente en tiempos del retorno a la democracia, las mismas FFAA comienzan su venta a grupos inmobiliarios privados que buscaron consolidar el borde sur del Parque Araucano como un polo de oficinas de lujo desde mediados de la primera década del año 2000. En seguida vino la compra sistemática de departamentos a algunos de los últimos pobladores mientras se publicaba en la prensa los flamantes proyectos inmobiliarios de oficinas proyectados en tales terrenos.

Sin embargo, al tiempo en que se destruye lentamente la forma arquitectónica de este conjunto, comienza la re-construcción de su memoria histórica. La aparición del documental “La Consolidación de la Pobreza” (2015) que hace pública la tragedia vivida por sus habitantes originales, junto con una serie de testimonios y campañas de redes sociales, activan un proceso de patrimonialización ciudadana que buscó conservar los últimos edificios pertenecientes al Lote 18a encabezado por Miguel Lawner (actual premio Nacional de Arquitectura), proceso que obtiene una victoria en el año 2017 por cuanto el CMN aprueba su conservación mediante la protección, en la figura de Monumento Nacional, de un área de 4.329 m2 pertenecientes a dicho Lote, cuyos valores patrimoniales se relacionan más bien con el aspecto simbólico referido a la historia socio-política de su construcción y posterior desalojo, y no con valores o atributos arquitectónicos. Sin embargo, y en una jugada sólo comparable a los incendios “fortuitos” en inmuebles de carácter patrimonial, la misma inmobiliaria dueña del terreno, sólo 4 días antes de la discusión en el CMN sobre aprobar o no la protección patrimonial, demuele parte del bloque 14, instalando en la opinión pública y las instituciones el contrasentido ¿por qué conservar un edificio totalmente en ruinas?, ¿Qué valor arquitectónico puede tener?, ¿acaso no es mejor botar ese edificio en ruinas y construir un gran y moderno edificio de oficinas que armonice con el entorno?.

Este escenario puede finalmente reducirse a dos tipos de valorizaciones: el valor simbólico intangible vs. el valor económico. En este caso, claramente primaron las enormes posibilidades económicas del territorio y por ello, la fuerte presión ejercida por la inmobiliaria, que obtuvo como resultado el mejor escenario posible (para ellos): la reducción de los límites del Monumento Histórico mediante decreto, entendiendo que los valores de éste se concentrarían en el Espacio de Memoria” (El Mostrador, 27/06/2019), es decir, se podrán construir los edificios de oficinas en altura instalando una placa o un elemento rememorativo inserto en aquel 10% del territorio que quedó bajo la figura de Monumento Nacional (sin ningún edificio o huella original, ni siquiera los cimientos), dentro de un contexto absolutamente contradictorio entre su vocación de integración habitacional inicial y el carácter de oficinas de lujo actual.

Esta extraña historia en rigor no es aislada dentro de nuestro breve camino de protección al patrimonio. La actual disputa en tribunales sobre la desafectación de la categoría de Monumento Nacional de la Fábrica textil Bellavista Oveja Tomé (Tomé, Concepción), los innumerables obstáculos para otorgar la declaratoria de Zona Típica al Barrio Suarez Mujica (Santiago), o los 318 sitios arqueológicos dañados por el rally Dakar en el norte de Chile desde el 2009 al 2015[2], o por último el actual conflicto en la Villa Olímpica y la amenaza sobre la apertura de la calle Salvador Sur que dividiría en dos esta Unidad Vecinal (que tiene protección de Zona Típica desde el año 2017), demuestra entre muchos otros casos, que la protección patrimonial en Chile es bastante más frágil y leve de lo que parece; el caso de Villa San Luis demuestra que la Ley de Monumentos actual puede ser revertida y revisada según intereses de particulares y no desde el Estado, tal como expresa la Cámara Chilena de la Construcción en su seminario “Hacia una gestión sustentable del patrimonio arquitectónico en Chile” quienes, además de relacionar patrimonio con deterioro debido a la nula inyección de recursos financieros para su mantenimiento (en su primera página), exponen la propuesta sobre que es necesario establecer criterios para desafectar una declaratoria patrimonial en caso de deterioro y pérdida de valores patrimoniales (CChC, 2017, pág. 26).

El caso de Villa San Luis marca claramente una errática conducta del Estado, marcando un punto negativo de inflexión que afecta (sin duda) a todo el patrimonio declarado por la Ley de Monumentos en Chile. Esta levedad en la protección patrimonial, y parafraseando el título de la novela de Milán Kundera[3], enmarca entonces una pregunta clave y de difícil respuesta: ¿cuál es el escenario de protección real de los sitios patrimoniales en Chile?.

Esta columna está dedicada a Marlene Zapata Aracena (1968-2019)

[1] Incluso por este diseño, que integraba los espacios públicos y privados, el arquitecto y urbanista Miguel Eyquem fue galardonado con el Premio Nacional de Urbanismo en 1971.

[2] https://colegiodearqueologos.cl/el-dakar-destruye/

[3] “La insoportable levedad del ser”, 1984

Bibliografía:

CChC. (2017). Hacia una gestión sustentable del patrimonio arquitectonico en Chile. págs. 1-43.

Lawner, M. (2013). Memorias de un arquitecto obstinado. Concepción: Ediciones Universidad del Bio Bio.

*Arquitecto Universidad Central. Magíster en Hábitat Residencial, Universidad de Chile. Miembro DOCOMOMO International.  Director oficina de asuntos patrimoniales +Patrimonio.