Vivienda y migración en tiempos de excepción

Por Bianca Apolinario*

Durante los últimos años, a la migración de países fronterizos como Perú, Bolivia y Argentina se han sumado migraciones de países de mayor lejanía geográfica como Colombia, República Dominicana, Venezuela y Haití. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en diciembre del 2019 vivían en Chile cerca de 1.492.522 personas migrantes, equivalente aproximadamente al 8% de la población.

El acceso a la vivienda ha sido un tema bastante discutido los últimos años. El porcentaje de personas migrantes que residen en vivienda propia (15%), es bastante menor de quienes nacieron en Chile (67%), siendo el arriendo la condición de ocupación mayoritaria, donde 1 de cada 4 migrantes arrienda sin contrato (versus 1 de cada 20, en el caso de los chilenos), dato relevante considerando que se asocia a estrategias de acceso a vivienda de manera informal[1].

Además, según los datos del Censo 2017, del total de viviendas a nivel nacional, el 7,3% presenta índices de hacinamiento, siendo el 41% de las piezas en casa antigua o conventillo (los cuales destacan por ser tipologías que sostienen muchas veces la situación de arriendo o subarriendo abusivo, dirigidos principalmente a la población migrante vulnerable).

Pero este no es un fenómeno nuevo que surge a raíz de la actual crisis sanitaria del Covid-19 (como confirman algunos medios), es un fenómeno que se ha incrementado, como tantos otros relacionados a la migración. Si se realiza un breve análisis del contexto actual del Covid-19 en base a las dimensiones del hábitat residencial – política económica, espacio territorial y sociocultural –, se observa que todas las vulnerabilidades que pueden ser identificadas en las distintas dimensiones han sido incrementadas. Por una parte, la dimensión política-económica se vio afectada a través del retraso en la tramitación de visas durante los primeros meses de la cuarentena (marzo – abril), el cual imposibilitó a muchas personas a acceder a ella, originando una situación que obligó a muchos migrantes a trabajar de manera informal, incrementando la precarización laboral y aumentando el riesgo de contagio al no poder hacer la cuarentena por la necesidad de mantener sus ingresos.

La pérdida del empleo en muchos casos significó también el aumento de la vulnerabilidad relacionada principalmente al tema de la visa sujeta a contrato, que en un contexto normal significaría finalizar el contrato, finalizando con ello la relación laboral y el permiso de residencia. En algunos casos, ha sido posible observar también la dificultad al momento de acceder a los beneficios entregados por el Gobierno (bono COVID, ingreso de emergencia o caja de alimentos), ya que es necesario estar inscrito en el Registro Social de Hogares, que tiene como requisito mínimo tener un número de rut vigente. Con relación a este tema, según una encuesta realizada por Centro Nacional de Estudios Migratorios (CENEM) durante los meses de junio, julio y agosto en Santiago, el 69,6% no recibió ninguna ayuda del Gobierno para enfrentar la crisis.

Como parte de las vulnerabilidades relacionadas a la dimensión espacio-territorial y a la vivienda, las restricciones de movilidad, el cumplimiento de la cuarentena, el hacinamiento, el acceso a servicios básicos, los precios de los arriendos, los desalojos (dentro del mercado formal e informal – hasta en los campamentos) y en algunos casos el hecho de acampar de forma temporal frente a las respectivas embajadas o consulados de los países de origen en busca de asistencia, protección y repatriación, han sido solo algunos de los factores que el Covid-19 ha dejado como consecuencia; donde en varios casos las condiciones de habitabilidad no cumplen los mínimos esperados para una vida digna, ni mucho menos para enfrentar una pandemia.

Esta problemática habitacional ha incidido directamente en la vulnerabilidad social del migrante. La exposición mediática que han suscitado los brotes de Covid-19 en viviendas colectivas precarias ha reforzado la construcción discursiva de la migración, utilizando frecuentemente categorías como la violencia, la amenaza, y la idea de ser un problema social (representación que se encuentra establecida en la actual Ley de Migración de 1975).

En base a lo anterior, un factor importante discutido actualmente – y en calidad de urgencia durante la pandemia, impidiendo el tratamiento adecuado y reflexivo que demanda una política de tal magnitud – es el Proyecto de Ley de Migración y Extranjería, aprobado recientemente en la Comisión de Hacienda, el cual ha sido altamente criticado por organizaciones, académicos e investigadores, donde uno de los temas centrales del proyecto es la forma restrictiva con la que se enfrenta a la migración, el cual establece que “el proyecto de ley cambia radicalmente la operatoria que hoy existe para la obtención de residencia temporal, ya que ésta sólo se podrá solicitar fuera de Chile, prohibiendo que se pueda solicitar el cambio de calidad migratoria de turista a residente estando en Chile” (Proyecto de Ley de Migraciones, 2020).

Donde, por otro lado, las organizaciones sostienen que está demostrado que políticas restrictivas, promueven la irregularidad migratoria, y agudiza la exclusión y precarización laboral de trabajadores migrantes. El cual impactaría directamente también en el ámbito de la vivienda, donde a medida en que se incremente las cifras de personas migrantes irregulares en Chile, aumentará la demanda por la vivienda (principalmente en el mercado informal) y el hacinamiento, entre otros problemas presentes en la actualidad.

¿Será esa la migración “segura, ordenada y regular” (en palabras del Presidente Sebastián Piñera para el Discurso de presentación de la Reforma Migratoria, el 9 de abril de 2018) que queremos?

[1] Servicio Jesuita a Migrantes; TECHO-Chile; Departamento de Sociología U. de Chile; Centro de Ética y Reflexión Fernando Vives SJ, U. Alberto Hurtado. (2020). Acceso a la vivienda y condiciones de habitabilidad de la población migrante en Chile. Informe N°3, febrero.

*Arquitecta. Estudiante Magíster en Hábitat Residencial.