Coloquios Invi 2008: Derecho a la Ciudad
Por Claudio Pulgar
En el marco del ciclo de “Coloquios por el Derecho a la Ciudad” organizado por el Instituto de la Vivienda durante los meses de abril, mayo y junio de 2008, se presentará un síntesis de las presentaciones de los invitados y de las discusiones posteriores.
El objetivo de ésta nota es difundir (inicialmente) el contenido general de los temas planteados en las distintas sesiones del ciclo de coloquios, éstos se estructuraron en base a 3 sesiones, en cada una de las cuales hubo algunos invitados provocadores que realizaron presentaciones, con el objetivo principal de intercambiar opiniones y visiones acerca de la vigencia del Derecho a la Ciudad como perspectiva y como experiencia.
Es importante partir desde el antecedente de que tenemos una labor ética desde la Universidad de Chile, como universidad pública y nacional de apoyar y avanzar en torno a la discusión del Derecho a la Ciudad, generando investigación y docencia bajo estos preceptos, y tomando en cuenta sus implicancias en la planificación y diseño de las ciudades. Para esto tomamos en consideración y como punto de partida los objetivos que se comparten en el INVI de “contribuir a mejorar la calidad de vida a través del desarrollo sustentable del hábitat en el ámbito residencial urbano y rural de manera que permita erradicar progresivamente la pobreza promoviendo la construcción de una sociedad más equitativa, sustentada en el principio de justicia social”.
Los coloquios se realizaron gracias al convenio Reforma Urbana entre el MINVU y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. El programa de Reforma Urbana puede entenderse como un proceso que “está orientado a introducir cambios en la gestión de nuestras ciudades y regiones, trasfiriendo crecientes capacidades de gestión e iniciativas urbanas a la ciudadanía y sus comunidades”, entonces se hace necesario plantear instancias de discusión y participación de la ciudadanía, en este caso desde la Universidad de Chile. Citando sólo dos de los objetivos centrales de la reforma urbana, como son: “Incorporar a la ciudadanía en las decisiones urbanas” y “Asegurar el acceso de los más pobres a los beneficios del desarrollo urbano”, justifican instalar la discusión en torno al Derecho a la Ciudad.
Según la RAE un Coloquio es una “reunión en que se convoca a un número limitado de personas para que debatan un problema, sin que necesariamente haya de recaer acuerdo.” Además es una “ discusión que puede seguir a una disertación, sobre las cuestiones tratadas en ella.”
Estas dos definiciones anteriores sintetizan el objetivo general de los Coloquios, destacando que en la invitación a los distintos expositores, más que apelar a roles de expertos en el tema del derecho a la ciudad (de partida ninguno lo era), el énfasis estuvo puesto en poner en el debate sus propias experiencias o perspectivas profesionales, en un afán provocador, y además tratando de representar la diversidad de la ciudad en sus distintitos actores sociales.
Los principales contenidos planteados en los coloquios giraron en torno a la historia de la ciudad y los excluidos, las experiencias de políticas públicas de integración social, la relación entre el derecho a la educación y el derecho a la ciudad, la participación ciudadana en la toma de decisiones en la ciudad, y el papel de los nuevos movimientos sociales urbanos territoriales; los derechos humanos y la organización de pobladores en torno al anhelo de la vivienda digna.
Coloquios desde la perspectiva del derecho a la ciudad
El derecho a la ciudad, es definido por la “Carta Por el Derecho a la Ciudad” como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. La carta no implica la suma de derechos internacionales ya reconocidos, sino que “presupone la interdependencia entre población, recursos, medio ambiente, relaciones económicas y calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. Implica cambios estructurales profundos en los patrones de producción y consumo y en las formas de apropiación del territorio y de los recursos naturales. Se refiere a la búsqueda de soluciones contra los efectos negativos de la globalización, la privatización, la escasez de los recursos naturales, el aumento de la pobreza mundial, la fragilidad ambiental y sus consecuencias para la supervivencia de la humanidad y del planeta.”
La carta mundial por el derecho a la ciudad basa su propuesta en tres ejes fundamentales:
-el ejercicio pleno de la ciudadanía, que en la práctica se traduce como el ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, que aseguran el bienestar colectivo de los habitantes de la ciudad en condiciones de igualdad y justicia, además del respeto a la producción y gestión social del hábitat.
-gestión democrática de la ciudad, a través de la participación y el control de la sociedad con formas directas y participativas, en el planeamiento y gobierno de las ciudades, fortaleciendo las administraciones públicas a escala local, así como las organizaciones populares.
-función social de la propiedad y la ciudad, esto es la preeminencia del bien común y colectivo por sobre el derecho individual de propiedad, esto implica el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano, y un equilibrio entre lo urbano y lo rural. Esto implica la socialización del suelo urbano, superando la actual liberalización y mercantilización del suelo, con sus conocidas implicancias en cuanto a especulación.
El derecho a la ciudad se basa en la idea de la ciudad como producto cultural, colectivo y, en consecuencia, político. La ciudad es en esencia, un espacio público-político, donde es posible la expresión de voluntades colectivas, es espacio para la solidaridad, pero también para el conflicto”. El derecho a la ciudad es la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente, reconocerse como parte de ella, y donde se posibilite a través de sus espacios la distribución equitativa de recursos tanto materiales (ingresos, salud, educación, vivienda) , como simbólicos (participación, acceso a la información, etc.).
En la ciudad, como contexto, es donde se pueden ejercer y exigir los derechos que ya existen en nuestra sociedad. Es en la ciudad donde se puede construir la ciudadanía. De ahí el concepto de “espacializar los derechos”, entendido como la materialización espacial en un territorio (local y global) de las conquistas sociales. …
La discusión adquiere hoy una gran relevancia frente a los graves impactos de la globalización neoliberal. Las circunstancias, desde los sesenta, cuando se planteó “el derecho a la ciudad” en el libro del filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre, han cambiado, pero no así el fenómeno de la exclusión y la marginación de los beneficios colectivos que debiera entregar la ciudad a sus habitantes.
A partir de una síntesis de lo discutido en cada una de las sesiones se puede constatar que la discusión en torno a la ciudad, desde una perspectiva de derechos, se enriquece gracias al aporte de los diversos expositores y a los interesantes aportes del público, el que incluyó a estudiantes y académicos, a dirigentes sociales y activistas urbanos, a representantes de ONGs y de la sociedad civil, a funcionarios públicos, a profesionales nacionales y extranjeros. Más abajo se despliega la síntesis de la primera sesión:
Sesión 1 : Una mirada histórica a la ciudad y la vivienda en Chile. Políticas públicas de integración y movimientos sociales
Expositores: Gabriel Salazar y Miguel Lawner.
Fecha: 30 de abril
Moderador: Claudio Pulgar
En la primera parte el arquitecto Miguel Lawner, ex Director de la CORMU[1] en el gobierno de Salvador Allende, hizo un diagnóstico del estado actual de la ciudad de Santiago desde la perspectiva de las políticas habitacionales de los últimos 30 años.
El arquitecto planteó que : “las políticas de vivienda y urbanismo implementadas en Chile durante los últimos 30 años, han deteriorado severamente la calidad de vida de millones de chilenos. Así como que: “El actual modelo de desarrollo y la globalización, han intensificado los niveles de marginación y de segregación social de millones de seres humanos en todo el planeta”.
Por otra parte recordó las erradicaciones de campamentos ocurridos en Santiago entre los años 1979 y 1984 donde se trasladó forzadamente a 28.000 familias (120.000 personas aprox.) desde las comunas de Las Condes, Vitacura y Santiago hacia la periferia sur y poniente de la capital. Según Lawner éstas representaron “un quiebre dramático en la vida familiar”.
Revisó también el proceso de construcción de viviendas sociales en Santiago entre los años 1980 y 2000, unas 200.000 unidades, que comprenden a un millón de personas, es decir un 20% de los habitantes de la ciudad, las cuales según su perspectiva están “alojadas en unidades habitacionales de muy bajo estándar” y “resulta paradojal reconocer que el éxodo desde los asentamientos irregulares hacia las nuevas viviendas sociales ha representado para la mayoría de los pobladores una regresión en su calidad de vida”.
Destaca también que desde un punto de vista cuantitativo y financiero, “el esfuerzo habitacional realizado por el MINVU en los años de la Concertación representa un éxito, pero ha significado una inmensa frustración para sus supuestos beneficiarios, hacinados en viviendas minúsculas”
Hilvanó en su diagnóstico el fenómeno del desmantelamiento del aparato estatal, “que juega un rol mínimo en la planificación urbana, habiendo transferido al sector privado la gestión sobre estas materias. En definitiva hoy día son las grandes compañías inmobiliarias las que resuelven donde y como han de crecer nuestras ciudades”.
El arquitecto Lawner presentó la acción de la CORMU a principio de la década de 1970, como una experiencia exitosa de política pública de integración social en la ciudad por medio de los proyectos de regeneración urbana. Planteó que “la CORMU bien puede considerarse como la era dorada de la planificación en Chile”. Destacó entre otras características los mecanismos legales que hicieron posible el manejo del suelo urbano.
El estado a través de la CORMU realizó “ambiciosos proyectos habitacionales, no en la periferia sino que poniendo el acento en las áreas centrales deterioradas de las zonas metropolitanas que exigían alguna remodelación, o cuya baja densidad aconsejaba su densificación”
Como ejemplo emblemático de un proyecto de integración social urbana expuso el caso de la Villa compañero ministro Carlos Cortés[2] , ubicada en pleno corazón de la Comuna de Las Condes, y dirigida a los “grupos sin-casa de esa comuna, instalados en su gran mayoría en las márgenes del río Mapocho”. De este emblemático proyecto alcanzaron a entregarse 1038 departamentos.
Finalmente señaló al posterior “despojo” y erradicación de la Villa San Luis de Las Condes como una violación a los derechos humanos, y en definitiva del derecho a la ciudad, en los que “El Estado de Chile no sólo despojó de sus legítimos derechos a mil familias, sino que desde un punto de vista económico, derrochó un patrimonio financiado con recursos provenientes del presupuesto nacional, sólo con la finalidad de revalorizar el suelo en beneficio de los sectores de altos ingresos.”
Finalmente, a partir de su diagnóstico de la situación actual de la segregación social en la ciudad de Santiago dejó planteadas algunas preguntas-propuestas: “¿Porqué el MINVU se limita a establecer normas y no actúa directamente? ¿Qué sentido tiene generalizar la obligación de construir viviendas sociales en todas las nuevas áreas de desarrollo?. No veo razones que le impidan adquirir directamente los predios necesarios para cumplir con ese objetivo, y convocar después a licitaciones para la construcción de las viviendas.”
Terminó afirmando que :”para extender el Derecho a la Ciudad a todos los ciudadanos, es indispensable recuperar un aparato estatal capaz de planificar el desarrollo urbano, fijando una política respecto al suelo urbano que lo haga accesible, -donde sea necesario- a todos los sectores sociales.”
El segundo expositor fue Gabriel Salazar, filósofo, sociólogo e historiador, académico de la Universidad de Chile y premio nacional de historia, hizo un revisión histórica del Santiago republicano en torno a los movimientos sociales, y la historia de los excluidos de la ciudad.
Se preguntó y también al público “¿si realmente existe hoy la sociedad civil? ¿o si ha existido alguna vez en Chile?”. Planteó que para exista la sociedad civil el primer paso es que se las comunidades tengan capacidad organizativa. Indicó provocativamente además, que “ya no es suficiente con tomarse el Estado.”
Algunos datos importantes que entregó en su revisión histórica de la evolución de la ciudad de Santiago se relacionaron con la composición habitacional de la ciudad, “en 1865 el 65% de la viviendas eran ranchos, cuartos redondos y conventillos[3], los que estaban especialmente ubicados en el centro de la ciudad y en la Chimba[4].”
Planteó además que desde el origen de la ciudad de Santiago “la gran masa mestiza se quedó sin derechos (sin dios ni ley)”. Hay que tener en cuenta que los mestizos se convirtieron rápidamente en la mayoría de la población, por sobre los colonos españoles y los indígenas.
Hizo una analogía entre el Santiago de 1860, esbozando que se parecía bastante al Londres pre-industral de 1670-1700, donde los artesanos eran la gran masa trabajadora de la ciudad. Cuando éstos se organizaron y reclamaron por sus magras condiciones de vida en la ciudad, comenzó la guerra civil, y la represión militar. Advirtió en base a sus investigaciones que “en la historia del Chile republicano las Fuerzas Armadas han masacrado a los pobres 23 veces”, la primera, fue la guerra de pacificación de la Araucanía contra el pueblo mapuche, la segunda, la represión a los peones y la tercera, a los artesanos. Planteó que en las Fuerzas Armadas chilenas se ha mantenido constante la doctrina del enemigo interno, y que esté siempre ha estado asociado a los excluidos, especialmente cuando se organizan para reclamar sus derechos.
Hizo un interesante análisis de la duración de los siglos pasados en Chile, planteando que el siglo XIX fue un siglo largo frente al siglo XX el que habría sido un siglo bastante corto, pero muy intenso. Según su análisis, el Siglo XIX habría comenzado en 1780, y habría terminado en 1930, cuando ya se constataban grandes desigualdades estructurales en la sociedad. Por otra parte, el siglo XX habría comenzado en 1938 y habría terminado abruptamente en 1973, en este siglo corto “se intentó integrar desde el Estado a los excluidos”, pero no desde el desarrollo de la sociedad civil, punto clave que habría sido una de los factores para el fracaso de ese proyecto de Estado.
Destacó especialmente el movimiento social de 1924, que planteó entre otras cosas: la comuna autónoma y el estado federal; al parlamento como ente de fomento a la producción; la abolición de las Fuerzas Armadas; y la integración del país en base a la descentralización. Algunos de estos planteamientos son bastante cercanos a lo que entendemos como parte del derecho a la ciudad, especialmente, en cuanto a descentralización y participación. Finalmente, expresó que la constitución burguesa y liberal de 1925, no fue capaz de reflejar lo inicialmente planteado por el potente movimiento social.
A pesar de mostrar un escenario histórico, por lo demás vigente hasta la actualidad, dramáticamente adverso para los grupos de habitantes excluidos de la ciudad, se mostró bastante optimista frente al surgimiento de los nuevos movimientos sociales y ciudadanos, especialmente, a las organizaciones territoriales y a los jóvenes. Recalcó que para alcanzar el derecho a la ciudad, lo esencial es la consolidación de la sociedad civil. Desde ésta perspectiva planteó que ya no es necesario tomar el Estado, como se creía durante el siglo XX, sino que se puede construir poder al margen del Estado, con los movimientos ciudadanos, desde abajo y basándose en la autonomía local.
Podríamos sintetizar que Salazar esbozó que para acceder al derecho a la ciudad, lo central es la participación de los habitantes de ésta, transformándose en sociedad civil organizada y con capacidad de gestión, manifestando que se debe superar la visión del Estado poderoso, y caminar hacia uno garante de derechos, donde los recursos y las políticas públicas puedan ser gestionadas, administradas y fiscalizadas por los ciudadanos y sus organizaciones.
En una próxima publicación se entregarán los resúmenes de la sesión 2 y 3 de los coloquios. Posteriormente se transformará el contenido completo de los debates en una publicación que estará a disposición del público.
1. CORMU: Corporación de Mejoramiento Urbano, organismo de planificación urbana y diseño arquitectónico dependiente del MINVU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
2. Después del golpe militar de 1973 se denominó Villa San Luis de Las Condes, y hoy ha sido demolida en gran parte, luego de una apropiación poco clara por parte del Ejército, que posteriormente la vendió, y hoy se desarrolla un proyecto Inmobiliario denominado Nueva Las Condes.
3. Viviendas precarias, la mayoría autoconstruídas.
4. Zona históricamente postergada al norte del río Mapocho.
