Una ley con calle

Por Cristóbal Ibarra*

En las últimas dos semanas, ha habido un gran revuelo desde los medios de prensa sobre la puesta en marcha de una serie de modificaciones a la Ley de Tránsito, más conocidas como Ley de Convivencia Vial (LCV), las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial en mayo de 2018 y que comenzaron a ser aplicadas desde el pasado 11 de noviembre. Este revuelo mediático, con acalorados debates entre autoridades, académicos, organizaciones vinculadas a la movilidad, y sobre todo, la ciudadanía en general que se muestra desconcertada ante un cambio que no vieron venir, demuestra las repercusiones que puede alcanzar la modificación de una ley que afecta la vida cotidiana en Chile y el interés que suscita cuando un acuerdo tácito con que se convive en las calles vive un cambio paradigmático.

Habría contribuido mucho al entendimiento general de esta ley si los medios de comunicación masivos hubiesen socializado con mayor anticipación el espíritu por el cual fue concebida, tal y como se hizo en su momento con la ley antitabaco, que permitió a las personas cambiar sus conductas y comprender que muchos de sus actos habituales como fumadores perjudicaban la convivencia con los demás. A diferencia de lo que se da a entender en los medios, la LCV no es una iniciativa repentinamente impuesta e improvisada por un grupo pequeño de parlamentarios, al contrario, debe ser de los proyectos de ley más trabajados y consensuados antes de siquiera ingresar al Parlamento, siendo la continuación institucional de una prolongada lucha que busca construir ciudades más justas y amables para vivir.

Es importante resaltar el trabajo voluntario realizado por más de cien organizaciones de la sociedad civil, todas vinculadas a la movilidad en distintos modos de transporte y a la conducción responsable, quienes han estado construyendo esta ley durante más de tres años, sumado al destacado apoyo de académicos expertos en el tema y políticos de todos los sectores. Todo este trabajo fue articulado en torno al fin común de lograr una pacificación de la violencia en las calles, para que no haya más muertos ni damnificados por el exceso de velocidad al conducir, además de reconocer a los ciclos y peatones como transeúntes con plenos derechos, enfrentando, de esta forma, la inequidad en las calles que en la actualidad privilegia totalmente a los vehículos particulares motorizados.

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Mucho podrá hablarse de que es una ley que llega demasiado pronto, que no están las capacidades normativas, institucionales ni de infraestructura para poder aplicarla, sin embargo, es precisamente porque no están instaladas estas capacidades, que hacen de esta ley urgente y necesaria para dar el primer paso hacia el cambio cultural que buscamos. El espíritu de la Ley de Convivencia Vial va más allá de una imposición de normas arbitrarias de comportamiento vial, sino que tiene un sentido mucho más profundo de valores cívicos que se pretende estimular en la ciudadanía, tales como el respeto hacia los demás y el entorno urbano, la tolerancia a quienes se mueven de forma diferente a las hegemónicas, la equidad por el uso del espacio público y la justicia ante algunos conductores negligentes que pueden verse involucrados en siniestros viales.

La LCV viene a ser un llamado de atención y una modificación general en nuestras conductas, pero los cambios esenciales de la misma no son ninguna novedad, sino que están inspirados en la experiencia del andar cotidiano en modos de transporte no motorizados (ciclos) y la peatonalidad en ciudades a lo largo de Chile, agregando detalles propios de los saberes de estas movilidades, que estaban relativamente ambiguos en la antigua Ley de Tránsito. Contemplar zonas de espera especial para ciclos, zonas de calmado de tráfico declaradas por las municipalidades (de 40 Km/h, 30 Km/h o incluso 20 Km/h) o los reglamentos que deberá crear el Ministerio de Transportes sobre el diseño y gestión de las ciclovías, significan un gran avance en mejorar las condiciones en que los transeúntes más vulnerables tienen que circular actualmente.

Lamentablemente, hoy en día estamos viviendo una implementación mucho más ruda de lo que suponíamos, con Carabineros fiscalizando los elementos detallados en la ley más que el espíritu de ésta, destinando sus fuerzas a controlar con mayor ímpetu las faltas de los elementos de seguridad de los ciclistas, en vez de las faltas más graves que van en contra de la buena convivencia entre los distintos modos de transeúntes, como el exceso de velocidad urbana entre los automovilistas. Luego de esta difícil implementación inicial, nos queda bastante tiempo para que las instituciones públicas y la ciudadanía se adapten a esta nueva realidad, pero es importante hacer un llamado desde ya a la tranquilidad y en reconocer que muchos de los cambios de la ley describen lo que transeúntes responsables y conscientes de su entorno han hecho desde siempre, y en buena hora son reivindicadas como prácticas fundamentales para tener una buena convivencia vial.

Es, finalmente, un orgullo para las organizaciones de la sociedad civil decir que esta ley tiene calle, que fue hecha con la experiencia de quienes viven la parte más áspera de movilizarse en ciudades, con muchas horas de pedaleo en el cuerpo y discusiones sobre su aplicación en distintos rincones del país. Si bien al Estado y a quienes aplican la fiscalización les ha costado adaptarse a este nuevo paradigma, es cosa de tiempo para que ajusten su proceder y se avance en otros proyectos de ley que complementan la LCV, como la Ley del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (Ley CATI), además de articular un discurso que transmita efectivamente los fundamentos valóricos con que se quiere promover la convivencia vial. Por ahora, e igual que siempre, la tarea es de todos los actores de la sociedad para educarnos, educar y ser empáticos con el resto que necesita una mano con este cambio cultural. La calle siempre ha sido diversa, ahora podemos afirmar que puede empezar a ser un poco menos desigual de lo que era antes, gracias al empuje y el trabajo coordinado de la sociedad civil organizada.

*Antropólogo, Universidad Alberto Hurtado.

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