Reconstrucción en Chile y Haití: ¿se pueden comparar y contrastar los dos procesos?

Seminario en París sobre las experiencias de reconstrucción en Chile y Haití desde la sociedad civil

El día 27 de febrero de 2012 se realizó en París el Seminario “Haïti-Chili Tremblements de terre 2010 Reconstruction 2012? Expériences et réflexions 2 ans après” (Haití-Chile terremotos 2010 reconstrucción 2012? Experiencias y reflexiones 2 años después). Justo después de dos años de los fuertes sismos que golpearon Haití (12 de enero de 2010) y Chile (27 de febrero de 2010). Las consecuencias en ambos casos han sido diferentes, pero siguen vigentes muchos problemas en los dos países aún.

El encuentro fue organizado por AITEC (Asociación Internacional de Técnicos, Expertos e Investigadores con sede en París), HIC (Coalición Internacional del Hábitat, red internacional de derechos al hábitat con presencia en 4 continentes) y el OR UCH (Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile). Tuvo como objetivo compartir las reflexiones sobre los 2 procesos de reconstrucción, centrándose sobre todo en un análisis de los roles de los diferentes actores involucrados en los procesos (Estado, privados, sociedad civil, organismos internacionales, ONGs y movimientos sociales) y  en la importancia de la participación de los habitantes, con un enfoque hacia los derechos vinculados al hábitat (derechos a la vivienda y a la ciudad) en los contextos de desastres socio-naturales.

En el seminario intervinieron especialistas, profesionales de ONGs y académicos que han trabajado en ambos procesos. A pesar de que puedan parecer distantes las condiciones de Haití y de Chile, paradójicamente hay muchos puntos en común, y ambas experiencias por el hecho de ser diversas son complementarias para reflexionar sobre los procesos de reconstrucción post desastres.

Charlotte Mathivet de HIC y AITEC presentó la exposición titulada “Le droit à la ville dans les processus de reconstruction. Dichato, Chili : 2 ans sans reconstruction” (El derecho a la ciudad en el proceso de reconstrucción. Dichato, Chile: 2 años sin reconstrucción”) . Expuso sobre el contexto general sobre Chile, exponiendo a partir de algunos datos del Informe sobre reconstrucción en Chile realizado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil y dirigido a la Relatora especial para el derecho humano a la vivienda adecuada Raquel Rolnik.

Aclaró que el sismo en Chile fue de mayor magnitud que el de Haití, pero de consecuencias menos devastadoras. En Chile hubo 525 muertos y 23 desaparecidos, en Haití más de 200.000 muertos. En Chile hubo 800.000 damnificados, entre 400.000 a 500.000 viviendas destruidas y pérdidas materiales equivalentes al 17% del PIB.  Indicó que desde 2010 los derechos humanos -especialmente en cuanto al derecho a la vivienda adecuada y al derecho a participar y manifestarse- han sido violados por el gobierno chileno. El proceso de reconstrucción ha sido muy lento, generando un sentimiento de abandono entre los damnificados que sobreviven en condiciones indignas, muchos de ellos tendrán que pasar un tercer invierno en los campamentos de emergencias.

A partir del  emblemático caso de Dichato denunció la falta de capacidad y de voluntad del gobierno para tomar en cuenta la participación de los habitantes y de poner en obra una reconstrucción que proteja sus derechos. Dichato es un localidad de Pescadores y un balneario, cercano a la ciudad de Concepción (capital regional y 2da ciudad del país) a 500km al sur de Santiago. La localidad fue prácticamente destruida por el tsunami, con la pérdida de los principales fuentes de trabajo : la pesca y el turismo. Hoy, 2 años después del terremoto, Dichato agrupa 4 campamentos, siendo el Molino el más grande de todo el país con más de 500 familias que habitan pequeñas viviendas de madera, con baños compartidos en el exterior sin agua caliente ni calefacción, y que deben hacer frente a una situación angustiante ya que no saben si podrán volver a sus terrenos originales.

Frente a esta situación, los habitantes se han organizado y han conformado, entre otros, el Movimiento Ciudadano Asamblea de Dichato que es parte del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa que se creó a comienzos de 2011 para denunciar la falta de reconstrucción. Luego de importantes movilizaciones el último invierno, en julio de 2011, las imágenes de la represión policial (con uso de carros lanza-aguas, bombas lacrimógenas y disparos de perdigones) en una ciudad completamente destruida y con la mayoría de sus habitantes viviendo en campamentos, dieron la vuelta al mundo, generando espontáneas manifestaciones de rechazo a la represión y de apoyo a los damnificados en otras localidades.

Señaló que es inconcebible un proceso de reconstrucción sin la participación de los habitantes damnificados, y que más encima éstos sean reprimidos. La reconstrucción debe ser una oportunidad para transformar, a partir de los territorios, de manera radical la estructura del sistema político y económico chileno heredado de la dictadura militar. Esto es lo que reclamen los numerosos movimientos sociales que han despertado los últimos 2 años en el país (estudiantes, habitantes, damnificados, así como los movimientos regionales de Magallanes, Calama y Aysén).

Gustave Massiah de AITEC presentó “La reconstruction: un révélateur des contradictions de la société haïtienne” (La reconstrucción: un revelador de las contradicciones de la sociedad haitiana) . Comenzó por recalcar que lo que sigue a una catástrofe natural es particularmente político. Frente a la reconstrucción se preguntó sobre como reaccionar entre la urgencia y el largo plazo. Destacó que es clave partir de una situación concreta y de que no hay una teoría general de la reconstrucción, ya que siempre dependerá del contexto. En el caso de Haití destacó que la sociedad haitiana ya estaba fragilizada desde antes del terremoto de 2010, y que de hecho es una sociedad que vive cotidianamente con diferentes tipos de catástrofes no sólo naturales, por ejemplo la deuda externa que se arrastra por décadas.

Entregó algunas cifras, por ejemplo en 2010 después del terremoto había 1.500.000 personas en campamentos; en 2012 hay “solamente” 500.000, es decir, un tercio de los originales. El gran problema es que muchos de estos campamentos están en las plazas centrales y parques de la capital, por lo que son muy visibles. Los campamentos se convierten en una oportunidad de alojarse para las personas que no tenían casas antes del terremoto. Para el caso de Haití el déficit de vivienda ya era muy importante antes del sismo, tanto como los problemas de empleo o estabilidad política. El tema de una política de suelo es otra variable que no se ha tomado en cuenta en el proceso de reconstrucción.

Planteó que existe una ortodoxia adoptada por los organismos internacionales frente a las  catástrofes que hace muy difícil el trabajar el caso a caso. Esta ortodoxia consiste entre otras cosas en “tomar” a los habitantes damnificados como objetos y no como actores, e instalarlos en campamentos transitorios, que deben ser lo menos “atractivos” posibles para que la gente no quiera quedarse en ellos. En la realidad ocurre el fenómeno contrario, la gente se ve obligada a quedarse en los campamentos, cuando no hay políticas de reconstrucción claras y la gente se queda “eternamente” en este proceso de transición.

En Haití, a pesar de las constantes crisis y catástrofes, no existen políticas de prevención de riesgos -paradójicamente igual que en Chile-, y de hecho más de la mitad de la gente que vive en Puerto Príncipe, la capital, habita zonas de riesgos. Hay una cultura de aceptación de la probabilidad de riesgos, a la que debiera sacársele partido, pero con políticas públicas, que por ahora son inexistentes.

Para Gustave Massiah, la verdadera gran catástrofe en Haití es la inexistencia del Estado y el posterior shock neoliberal que se ha instalado. La principal demanda de los habitantes es la presencia del Estado, pero al mismo tiempo tienen la sensación de abandono por parte de las autoridades. Al no existir Estado se generan problemas por la multiplicación de actores externos que reemplazan su rol, especialmente los organismos internacionales que financian la ayuda externa y las ONGs.

El gran desafío de la sociedad haitiana frente a su clase política ha sido el convertirse en actores autónomos de ésta. La clase política ha seguido en su “teatro democrático”, mientras por abajo los actores sociales y los movimientos avanzan con sus reivindicaciones. Se ha generado un interesante proceso de autonomía de la población haitiana frente a su propia clase política alejada de la realidad de las mayorías -similar a lo que estaría pasando en Chile-, a la vez que quedan en evidencia los dos grandes protectorados presentes en la isla:

-Estados Unidos: reflejado en el consejo de reconstrucción presidido por el ex presidente Bill Clinton, y que maneja a los “expertos”, así como decide hacia donde va el dinero de las ayudas y cuanto de ese dinero se devuelve a USA. A esto se debe agregar las tropas del ejercito norteamericano que ocupan la isla desde el sismo.

-La triada: ONU+ONGs+MINUSTHA (United Nations Stabilization Mission in Haiti) : que son los que imponen las reglas externas a la sociedad haitiana, dan cuentas a organismos internacionales y además actúan de manera militarizada, tanto ONGs como el cuerpo militar extranjero de la MINUSTHA, muy cuestionado por su actuar e innumerables violaciones a los derechos humanos.

Dijo que era necesario un Estado de interés público y que era necesario reconstruir el país y sus instituciones, antes de reconstruir los edificios. Finalizó con una crítica a las ONGs de urgencia que con sus prácticas asistencialistas generan dependencias en la población damnificada.

Claudio Pulgar del Observatorio de la Reconstrucción y académico del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, que actualmente desarrolla sus estudios de postgrado en EHESS de París,  presentó “Regard critique sur le processus de reconstruction chilien et le rôle de la société civile et les mouvements sociaux des habitantes” (Mirada crítica del proceso de reconstrucción chileno y el rol de la sociedad civil y los movimientos de pobladores). Su presentación la sintetizó en el Chile actual a través del concepto de “ciudad neoliberal”, reflejo de una sociedad con grandes desigualdades, y como contrapunto el rol del movimiento de pobladores y sus origines históricos.

Recalcó el hecho de que las catástrofes son socio-naturales, ya que no golpean por igual a todos, sus efectos son diferentes dependiendo de la condición socioeconómica, de la localización, del género, del acceso a la información y el nivel de organización de los habitantes. Así como de sus capitales sociales, sus posiciones de poder, sus capitales culturales y por supuesto de quienes serán sus contrapartes en el proceso. Además de que se pueden prevenir y mitigar sus impactos a través de políticas de planificación.

Presentó una mirada crítica a la política de vivienda subsidiaria de Chile de los últimos 30 años, y en específico de la política de reconstrucción que sólo ha replicado las políticas existentes sin innovar o proponer nuevas políticas –ni siquiera nuevos programas- especificas de reconstrucción, menos aún una nueva institucionalidad para la gestión de desastres. Advirtió que un plan de reconstrucción no es solamente una meta de construcción de unidades de viviendas, sino que se trata sobre todo de reconstruir proyectos de vida, dicho de otra manera, reconstruir hábitats en sus diferentes escalas y dimensiones.

Indicó las consecuencias y problemas a largo plazo de una reconstrucción cuantitativa “a la rápida” y sin participación real de los habitantes. Es decir, que se sigan replicando las políticas subsidiarias de vivienda que ya estaban en crisis antes del terremoto, por ejemplo deficiencias en la calidad de las viviendas y barrios; problemas con la localización, así como la expulsión de los habitantes desde los centro históricos y los bordes costeros con la aparición de procesos de especulación al no existir una política de suelo, reproduciendo el problema conocido como de los “con techo” que proliferan por las periferias de las ciudades neoliberales chilenas.

Su hipótesis, parte del trabajo de investigación que realiza en el EHESS de París, y dice relación con que el terremoto además de un movimiento telúrico ha generado un movimiento social, es decir, un doble movimiento. Primero a partir de la solidaridad que se dio justo después de la catástrofe especialmente entre los territorios más devastados y directamente entre vecinos, debido a la tardía actuación del Estado. Pero sobre todo fue la fase que se ha desarrollado después que ha revelado las grandes desigualdades en la sociedad chilena. Como respuesta a la desigualdades económicas, políticas, sociales, culturales, territoriales (que existían antes del terremoto, pero que se han incrementado con éste) ha emergido un acelerado proceso de organización social de los pobladores. Denominó este proceso como un movimiento telúrico-social productor social de la ciudad.

Para reflejar esto presentó los casos del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa (MNRJ) y la Federación Nacional de Pobladores (ambos movimientos de movimientos), como actores que demandan sus derechos en la reconstrucción y en las políticas públicas de vivienda y ciudad, y al mismo tiempo actúan participando de la producción de la ciudad desde sus prácticas. Existe una búsqueda entre las demandas por derechos (el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad y sus diferentes interpretaciones), así como la aproximación desde la acción. Un marco conceptual que sugirió fue el del concepto de justicia espacial.

Sonia Fayman de Act Consultants/AITEC presentó “Reconstruction et citoyenneté : l’exemple de Martissait, Port au Prince” (Reconstrucción y ciudadanía: el ejemplo del barrio de Martissait en Puerto Príncipe), hizo una introducción histórica recordando que Haití fue el primer país independiente de América a través de una revolución, el primero donde se abolió la esclavitud y el primer Estado negro del mundo. Este primer Estado americano luego fue sucesivamente invadido y expoliado, pasando por una serie de sangrientas dictaduras militares, dejando como herencia hoy un Estado frágil. Indicó que desde ese contexto es necesario abordar la reconstrucción.

Desde una perspectiva de la reconstrucción y el papel de la ciudadanía centró su presentación en el caso del barrio de Martissait de Puerto Príncipe. Barrio donde se instaló la clase media superior en los años 60, pero que hoy está compuesto por más de la mitad de sectores de viviendas autoconstruidas. La última dictadura militar haitiana entre 1970 y 1986 dejó como herencia un período de glaciación, donde no existieron ningún tipo de mejoras en infraestructura ni grandes proyectos de inversión pública. En 1986 con llegada de la liberación hubo una explosión urbana y mucha población rural llegó a la capital, a habitar los espacios libres a través de ocupaciones espontáneas, como en el caso de Martissait.

Este barrio se caracterizó especialmente a comienzos del 2000 por ser uno con más violencia en Puerto Príncipe, debido a la acción de bandas armadas que controlaban el territorio. Frente a eso y con la excusa de un proyecto de renovación urbana se realizó un trabajo de “mediación” a través de una ONGs (fundación Focal) que trabajó sobre todo en la construcción de un “espacio de palabra”, como un proceso de construcción de ciudadanía. A partir de esta iniciativa anterior al terremoto se ha podido trabajar de manera más pertinente en el proceso de la reconstrucción, partiendo del trabajo previo de organización y tejido social.

Criticó además las miradas externas de los “expertos” que llegan a trabajar a Haití, como por ejemplo el hecho de que se quieran instalar un modelo estandarizado de vivienda prefabricada de reconstrucción de 16m2 (similar en superficie a una mediagua chilena) que algunas organizaciones de la sociedad civil resisten, argumentando que son indignas y que es mejor dedicar los mismos recursos a reconstruir desde la diversidad de cada territorio, como el trabajo que han realizado ellos en Martissait.

Otro tema de la falta de institucionalidad es la existencia de numerosos planes urbanos, que de hecho existen muchos anteriores al sismo, que no han sido aplicados al no existir un Estado fuerte capaz de implementarlos. La poca continuidad de las autoridades ha sido otro problema-igual que en Chile-. El último caso es el de la dimisión del primer ministro Garry Conille a finales de Febrero de 2012, sólo después de estar 5 meses en el cargo y luego de haber tenido una  experiencia como encargado de Comisión Internacional para la Reconstrucción de Haití (CIRH).

Jean Pierre Troche de la consultora Ville et Habitat y presidente de AITEC presentó “Difficulté de la reconstruction, absence de politique de logement en Haïti” (Dificultad de la reconstrucción, ausencia de política de vivienda en Haití). Centrando su exposición en denunciar que en Haití no existe política de vivienda ni antes ni después del terremoto, a diferencia de Chile que tiene una historia larga de políticas habitacionales, que se pueden criticar, pero que existen. Expresó el hecho de que en la sociedad haitiana a diferencia de la chilena, ni siquiera hay promotores inmobiliarios por los “ricos”, no hay un sistema bancario confiable, ya que gran parte de la economía del país es “informal”.

Declaró que no hay en Haití institucionalidad pública sobre temas urbanos o sobre vivienda, menos existe una institucionalidad para la reconstrucción, lo único que existe es el ministerio de trabajos públicos (algo así como Obras Públicas). Indicó que el tema importante sobretodo para el caso de Haití, pero también para Chile (ambos a cuestas con procesos de reducción de los Estados por los ajustes neoliberales) es la reconstrucción del Estado, como único garante de realizar una reconstrucción basada en el bien público.

Propuso que lo que necesita Haití ahora son mecanismos y modos de organización de una política de vivienda, y dadas las condiciones actuales propuso que un sistema de cooperativas con financiamientos públicos y externos, basado en la organización de los habitantes, recordando el modelo uruguayo, sería una buena iniciativa. Señaló que recursos para la reconstrucción en Haití hay muchos, pero el gran problema es como y dónde se gastan.

Finalmente se cuestionó si el hecho de acceder simplemente a un techo sería realmente el de ejercer el derecho a la vivienda, poniendo el ejemplo de la llegada de casas canadienses prefabricadas que nada aportarían al desarrollo armónico de Haití. El modo de actuar del “urgentismo” y la rapidez de la reconstrucción tiene claramente detrás actores que serán los beneficiados por las ganancias de grandes negocios, dejando de lado una reconstrucción en la búsqueda del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad en Haití significa, más que unidades de viviendas, el derecho a tener barrios, a participar de la vida democrática y de la estructura social.

Cerró el panel Enrique Aliste académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile y doctorando del EHESS, con un comentario de síntesis final indicando que las catástrofes son sociales y se deben a una acción de las fuerzas de la naturaleza sobre la sociedad. Se preguntó sobre si el lenguaje tiene que ver en como afrontamos los procesos. Por ejemplo si debiéramos hablar de reconstrucción (de lo anterior) o simplemente de construcción de algo mejor. Cuestionó el hecho de que se hable luego de las catástrofes de la resiliencia, pero que sólo se le pida ser resilientes a los más pobres. Recordó que la gran discusión en Chile ha sido sobre la rápida inversión en infraestructura (sobre todo de transporte), pero se cuestionó el hecho de que haya una más baja y lenta inversión en vivienda.

Recalcó el hecho de que claramente existe una ideología detrás de los procesos de reconstrucción tanto en Chile como en Haití, y que estos son por sobretodo procesos políticos y no solamente técnicos como algunos quieren instalar. Recordó el hecho de que la clase media haya sido olvidada del proceso de reconstrucción en Chile y que el Estado no haya tenido respuesta para ellos. Criticó la insistencia del gobierno en entregar soluciones individuales, profundizando las ilegalidades.

A modo de conclusiones se puede decir que los casos de Haití y Chile en tanto que dos procesos de reconstrucción post catástrofes comparten rasgos generales y a la vez se diferencian en varios aspectos. Podemos hacer un ejercicio inicial a partir del rol que han jugado los diferentes actores en ambos procesos:

En cuanto a los actores del mundo de las ONGs en el caso de Haití ha sido extremadamente importante su función, dado la casi inexistencia del Estado, pero al mismo tiempo hay un grupo de ellas, así como algunas agencias de cooperación extranjeras, que son duramente criticadas por la sociedad haitiana y por otras ONGs locales, dado que trabajan desde la verticalidad como “expertos” alejados de la realidad y reproduciendo prácticas asistencialistas. En el caso de Chile las ONGs, que tienen un papel mucho menos relevantes que en Haití, han tenido un rol silencioso aunque clave, han llegado donde el Estado no, y especialmente las que ya tenían trabajos previos a nivel local han afrontado el desafío junto a las comunidades. De hecho algunas se han relacionado directa o indirectamente con el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, uno de los actores sociales claves a nivel país en el proceso.

En cuanto a los actores públicos la gran crítica para el caso de Haití es su casi inexistencia. El Estado haitiano convulso ya antes del terremoto se ha visto sobrepasado por sus protectorados: los Estados Unidos y la triada: ONU+ONGs+MINUSTHA (cuerpo militar). Estos actores externos han dictado la política interna del país, generando una sensación de “invasión” que tiene sus propios intereses y prioridades, las cuales podrían estar alejadas de la realidad haitiana. En el caso chileno los actores públicos han sido fuertemente criticados por sus conflictos de interés, ya que gran parte del nuevo gobierno venía del mundo empresarial, así como por la falta de continuidad de autoridades -al igual que en Haití- y la inexistencia de innovaciones en cuanto a política pública o nueva institucionalidad para afrontar la reconstrucción. A pesar de que el Estado chileno tiene recursos suficientes, existe la sensación de que hay una barrera ideológica que impide que las autoridades asuman un Estado garante de derechos, y frente a eso prefieran reproducir el modelo de Estado subsidiario con el único objetivo de reducirlo, dándole protagonismo al sector privado y no a la sociedad civil.

En cuanto a los actores privados y empresas en el caso de Haití no hay una gran presencia de actores privados nacionales en el proceso, sino que sobretodo internacionales, a través del negocio de la reconstrucción que ha beneficiado a empresas norteamericanas. Para el caso de Chile han existido cuestionamientos desde el minuto de la emergencia (sobreprecios de mediaguas, la falsa ayuda humanitaria de Cencosud, el puente mecano, entre otros escándalos)  y luego en el proceso de reconstrucción (denuncia de firma de convenio entre el MINVU y la cámara chilena de la construcción; planes de reconstrucción realizados por empresas con conflictos de interés; expulsión de habitantes de bordes costeros y centros históricos ), se ha cuestionado el rol de los privados y su real compromiso con las localidades afectadas (Errores en la Reconstrucción: cuando se trabaja para las comunidades, pero no con ellas).

En cuanto a los actores sociales para el caso de Haití a pesar de que han existido en estos 2 años variadas e importantes manifestaciones, siendo la última el 12 de enero en la conmemoración de los 2 años del terremoto, no hay una organización clara a nivel nacional. En cambio ha comenzado un proceso de autonomización de la sociedad civil del clientelismo de la clase política tradicional, dando espacios más autónomos proclives a procesos de autogestión, con la paradoja de que la gran demanda de los haitianos es la reconstrucción de un Estado de interés público. En el caso chileno los actores sociales han jugado un rol crucial en instalar las demandas y denunciar las falencias del proceso. Han logrado organizarse a nivel nacional en dos movimientos diferentes: el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa (MNRJ) que ha sido capaz de agrupar a los damnificados de muchas de las localidades afectadas entre Santiago y Talcahuano desde principios de 2011. Por otro lado la Federación Nacional de Pobladores (FENAPO) que nace justo después del terremoto para ir en ayuda directa de los damnificados y que agrupa principalmente a deudores y allegados, pero también a damnificados, con presencia en todo el país. Ambos son movimientos de movimientos, es decir, agrupan a nivel nacional a movimientos con base local.

Para ambos casos de Chile y Haití habría que preguntarse si la tesis de Naomi Klein (2007) sobre que los procesos post-desastres permiten instalar (o incrementar) las políticas neoliberales, así como la propuesta de David Harvey de acumulación por desposesión (2004) y del neoliberalismo contra el derecho a la ciudad (2011) no se están haciendo efectivas en ambos países, y por contraparte debemos examinar como los habitantes son capaces de resistir y plantear alternativas emancipadoras.

Texto por Claudio Pulgar.

Observatorio de la Reconstrucción e Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile.