Que el derecho a la vivienda sea norma constitucional
Por Doris González Lemunao*
Para un alto porcentaje de la población residente en Chile la vivienda es un derecho inalcanzable; especialmente para las mujeres populares que tienen empleos precarios, sin contrato laboral o trabajan dentro del hogar con escasas posibilidades de ahorro.
En la actualidad, Chile está en una crisis profunda de vivienda. Según la Cámara Chilena de la Construcción, el déficit habitacional alcanza las 739.603 viviendas. A estas cifras, es importante sumar el alza en el número de campamentos, que es parte de las consecuencias de la crisis sanitaria y económica producto de la pandemia de Covid-19. El catastro nacional de campamentos 2020-2021 elaborado por Techo-Chile y la Fundación Vivienda, indica la existencia de 969 campamentos en el país, en los que habitan más de 80 mil familias. Esto corresponde a un 73,5% de aumento en el número de familias que habitan los asentamientos informales, en comparación con el catastro del MINVU del 2019.
Existen diversos aspectos que hacen aún más compleja la solución a un problema que se debe resolver con una mirada que va más allá de la mera construcción de unidades habitacionales. La calidad y localización de las viviendas, las características de segregación de los barrios, y el acceso a bienes y servicios de calidad, son algunas de las discusiones que se dan hoy en diversos espacios que problematizan el quehacer sobre la vivienda, ciudad y territorio. La política pública de orientación neoliberal implementada durante los últimos 40 años en el país, debe reformularse ante el nuevo escenario político nacional e incluso global, con un cambio climático que afecta la convivencia y sus relaciones.
Sucesivos gobiernos han intentado dar solución al tema que guía estas líneas, lamentablemente sin éxito hasta la fecha. Al contrario, la pandemia y las consecuentes restricciones sanitarias de aislamiento y confinamiento expusieron y aumentaron las brechas sociales, una de ellas, la desigualdad provocada por una escasa planificación urbana. Durante años, la solución ha estado centrada en la reducción del déficit habitacional a través de la entrega de viviendas, con escasez de disponibilidad de terrenos fiscales que permita el adecuado desarrollo de proyectos de vida para los sectores populares. La insuficiente calidad de las viviendas, su localización periférica o en barrios segregados, la falta de áreas verdes y su preocupante aislamiento de servicios básicos como educación, salud y transporte de calidad, son síntomas de la ausencia de planificación urbana y de un efectivo derecho a la ciudad.
En ese sentido, el proceso Constituyente abre una posibilidad única para abordar el problema habitacional y de planificación urbana dentro de un marco normativo que otorgue especial relevancia a los derechos fundamentales, en este caso, al derecho a la vivienda y la ciudad. Esto permitirá avanzar sustantivamente en los desafíos de desarrollo que tenemos como país y otorgar mayores facultades a la nueva administración que asume en marzo 2022.
Por estas razones, adquiere vital importancia la presentación de la iniciativa popular de norma constitucional 41.126 “Pobladoras y pobladores por el derecho a la vivienda digna”. Esta iniciativa es producto de la articulación y trabajo colectivo de un grupo de convencionales, en conjunto con los movimientos sociales y profesionales especialistas del área, que reivindican el derecho a la vivienda y ciudad.
Las ideas fuerza que guían esta propuesta sobre el Derecho a la Vivienda plantean nudos críticos a discutir en la convención. En primer lugar, la propuesta aborda el rol fundamental del Estado en la planificación y construcción de la ciudad, y en el aseguramiento progresivo del acceso universal de la población a vivienda y hábitat de calidad. Además, la iniciativa aborda la función social y ecológica de la propiedad del suelo, abriendo la discusión sobre un tema profundo y vital para el desarrollo de una adecuada política pública, que permita construir viviendas y ciudades priorizando los fines públicos y sociales en el uso, ocupación y transformación del suelo urbano. Con el fin de abordar el problema de la aparente escasez de suelo bien localizado para la construcción de viviendas sociales, la iniciativa propone la creación de un banco de suelos públicos, una tarea pendiente que hoy se ha instalado con fuerza en la discusión académica y en la agenda pública. Por último, la propuesta destaca, como eje central, la producción social del hábitat, que permita reconocer el rol de las comunidades en la producción de la ciudad y garantizar la participación popular en los procesos de planificación y construcción democrática, y con perspectiva de género, de un hábitat digno para todas y todos.
Hoy existe amplio y transversal consenso respecto de la deuda que tenemos como país respecto de estas problemáticas. Por lo anterior, las organizaciones sociales y quienes trabajamos en temáticas de vivienda y ciudad valoramos el aporte al debate que instala esta iniciativa popular de norma. Esta propuesta, ingresada a la convención desde diversas organizaciones y posicionamientos políticos, debiera abrir el camino que nos guie a generar puentes, espacios de dialogo y que nos oriente a un nuevo pacto urbano que reconozca el protagonismo popular (el mismo que por estos días canaliza apoyos desde mesas instaladas en diversos lugares de las ciudades de nuestro país) como motor de estas transformaciones para nuestra nación, para nuestro país.
* Magíster en Hábitat Residencial de la Universidad de Chile, presidenta de la Fundación Feman y directora Fundación Fernando Castillo Velasco.
