#En casa: #Quédate en casa
Por Esther Maya y Selenne Galeana
En México, el artículo 4 de la Constitución señala el derecho que tienen los mexicanos de disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Un ideal que ha sido cuestionado en infinidad de ocasiones por investigadores y estudiosos de la vivienda popular en México y en el conjunto de países que conforman la región latinoamericana. En el caso de México, por lo general, el tamaño de las viviendas que financian los organismos de vivienda y que están destinadas a población que percibe hasta tres veces el salario mínimo mensual, tiene, aproximadamente, un tamaño de entre 45 y 50 metros cuadrados.
El confinamiento al que nos hemos visto obligados como medida para prevenir el contagio de la llamada epidemia del coronavirus, es un reto difícil de afrontar para la humanidad en general por las implicaciones económicas, sociales y psicológicas que conlleva este encerramiento. En este sentido y, a partir de una serie de reflexiones hechas durante estos días, vinculadas a nuestra experiencia obtenida de estudios e investigaciones llevadas a cabo en torno a la vivienda pública, nos surgieron las siguientes preguntas: ¿cómo están afrontando este encierro quienes habitan una vivienda que mide 45 m2? ¿Es suficiente este espacio que permita una sana-distancia para familias y/o hogares formados (en el mejor de los casos) por cinco miembros, para aislarse por estar contagiados con el coronavirus, o para llevar a cabo actividades como el estudio, la lectura, el descanso?, ¿cómo están enfrentando esta pandemia aquellos hogares que residen en espacios conformados por una sola habitación, como es el caso del cuarto redondo propio de muchas vecindades en México, y de zonas conocidas como de alta marginación por concentrar altos grados de pobreza y rezago social que, seguramente, viven en precarias condiciones de habitabilidad caracterizadas, entre otras cosas, por el hacinamiento?
Para muchos expertos, el hacinamiento es la causa principal de conflictos sociales violentos al interior de los hogares. La misma Rosario Robles, en su calidad de funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el régimen de Peña Nieto, en una entrevista señaló que
“esta violencia no es sólo una violencia física, de golpes, sino muchas veces estamos hablando de violaciones dentro de las cuatro paredes y de niñas 12, 13 años que son madres a esa edad, precisamente por esta condición de hacinamiento”.
Para combatir los problemas de hacinamiento en el que viven la mayoría de los habitantes en vecindades o en conjuntos de vivienda, en el sexenio pasado se sumó a la política de vivienda un programa denominado “recámara adicional y un cuarto más[1], con el propósito de disminuir el hacinamiento inherente a la vivienda popular. El programa, por lo pronto, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, fue un fracaso, porque se autorizó la construcción de estos cuartos adicionales en zonas de alto riesgo, terrenos baldíos, sin gente, y por lo mismo están deshabitados[2].
Nuestra propia experiencia como estudiosas del tema de la vivienda popular, nos demostró los habitantes de conjuntos de vivienda pública modifican y amplían sus casas con el propósito de tener un cuarto dormitorio adicional. Asimismo, es común ver que las actividades domésticas se extienden hacia el espacio abierto contiguo a la vivienda, debido a la superficie insuficiente de ésta para solventar las necesidades individuales y familiares.
El confinamiento remite a reflexionar acerca de las condiciones precarias de habitabilidad, puesto que tal medida de prevención ante la pandemia del coronavirus implica mantenerse bajo resguardo domiciliario para evitar el contacto social en los pasillos, las circulaciones verticales, los andadores, los jardines, las áreas recreativas, las calles, los vestíbulos, entre otros, que son de uso común y cotidiano. Al respecto, el modo de habitar en circunstancias ‘normales’, ya expresa que la superficie de la vivienda es insuficiente y su escenario implica que los habitantes pasan la mayor parte del día ocupados en actividades laborales, recreativas y educativas, principalmente, por lo que, su permanencia en la vivienda, en el mejor de los casos, se reduce a descansar, dormir, preparar alimentos, lavar e higiene personal. Ahora bien, en consideración del déficit de espacio privado que es solventado a través del espacio abierto próximo, actualmente, tal paliativo resulta contraproducente para reducir el factor de contagio, más aún, ante un aislamiento por contagio efectivo de algún miembro de la familia (Imagen 1 y 2).
Imagen 1. Fuente: Autoras
Imagen 2. Fuente: Autoras
En suma, en materia de política pública es menester replantear el papel de la vivienda en cuanto satisfactor de necesidades vitales de carácter material y social, igualmente, reivindicar su interrelación con el espacio abierto contiguo con el objetivo de aumentar el área activa familiar de convivencia, para garantizar la obtención de calidad de vida adecuada.
[1] Mensaje de la Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, en el marco del evento “Vivienda Joven, Entrega de acciones del Programa Recamara Adicional y Un cuarto más”.(https://www.gob.mx/sedatu/prensa/mensaje. (Consultado 2 agosto 2019).
[2] www.sinembargo.mx/