Mejoramiento Barrial: El Desafío de pasar de un programa gubernamental a una Política de Estado

Al iniciarse el último año de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la implementación del Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio”-compromiso fundamental del Programa de Gobierno-, ha demostrado que es un avance significativo en términos de políticas publicas para abordar la construcción de un hábitat residencial mas integral y sin lugar a dudas, son numerosas las propuestas generadas en forma participativa en los diversos barrios intervenidos que inciden positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan situaciones de deterioro urbano y vulnerabilidad social.
En términos de diseño de política pública, el programa ha implicado una manera de entender la conformación del hábitat como parte de un proceso de producción social cuya complejidad obliga a pensar en distintos aspectos tales como la diversidad de sus componentes (construir identidades, sentido de pertenencia e integración social); las distintas escalas de su manifestación (la unidad habitacional, el entorno inmediato, la agrupación residencial, el barrio, la comuna); la diversidad de actores sociales que inciden en su producción (el sector público, el sector privado con y sin fines de lucro, los profesionales, los habitantes); y en la diversidad de procesos que condicionan y se relacionan con ella (la reproducción de la vida, del capital y del poder político). Desde esta perspectiva, la complejidad del proceso de producción social del hábitat puede entenderse como la interrelación continúa y permanente entre los distintos factores que inciden en su conformación y, por ende, su comprensión pasa necesariamente por el desarrollo de un enfoque holístico e integral que los incorpore.

Es por ello, que junto con el esfuerzo de cumplir las metas presupuestarias y de gobierno en este año, se necesita abrir un amplio debate ciudadano y político para que esta innovadora propuesta se transforme en una Política de Estado, que considere al menos los puntos siguientes:

1.- A partir de la experiencia acumulada, se requiere revisar su ingeniería de gestión que facilite la incorporación de los Municipios que deben adquirir un rol central como articuladores de las intervenciones de recuperación barrial en las tres dimensiones (territorial, social y económica). Para ello, es clave considerar un mecanismo de concursabilidad del financiamiento de la intervención, con un aporte concreto de los municipios. Las diversas experiencias de programas similares demuestran lo efectivo de dicho modelo. Un buen ejemplo, lo constituye la experiencia catalana con la Ley de Barrios.

2.- .A nivel de las alianzas, la gestión local debiera orientarse a articular los intereses de los distintos actores que concurren en el territorio, de manera de hacerlos dialogar y de ver las potencialidades estratégicas que tiene el trabajo asociativo. En este sentido, se espera que los gobiernos locales no entren en conflicto con otros actores del proceso, sino, que puedan hacer de puente entre, por ejemplo, la comunidad local y el nivel central o el ámbito público y privado. En ese escenario es indispensable la existencia de profesionales municipales encargados de esta misión.

3.- Se argumenta con razones fundadas de la carencia de un adecuado plantel profesional y técnico que presentan los Municipios -ya sobrecargados con múltiples funciones desconcentradas- a los cuales se agrega esta nueva actividad, que no inyecta recursos ni atribuciones, por lo que su participación presentaría serias limitaciones. Con respecto a ello, existe una amplia experiencia de otros programas públicos, que consideran en el presupuesto anual, un porcentaje destinado para la contratación de personal técnico, que puede distribuirse mediante la modalidad de fondos concursables.

En estos años de implementación del Programa se ha generado grupos profesionales altamente comprometidos con enfoques integrales de intervención territorial que se enmarcan en la lógica de la reproducción de la vida, que es un capital que no puede dilapidarse.

4.- Por el carácter propio del programa, que implica un enfoque multidimensional e intersectorial se requiere revisar la pertinencia de su dependencia de un Ministerio como Vivienda y Urbanismo, ya que probablemente, se lograría optimizar su gestión en una unidad ministerial de carácter más político.

5.- El programa en sus diversas intervenciones ha implicado nuevas formas de participación y nadie puede desconocer toda la potencia de los Consejos Vecinales de Desarrollo que han permitido la emergencia de numerosos dirigentes sociales, a pesar que las propias comunidades tienen cierto grado de dificultad para entender las acciones integrales planteadas, que tienden a verla como una “nueva oferta” que viene del sector público central. Para evitar ello, se requiere de un largo e informado proceso de empoderamiento y generación de capital social, que va en contradicción con los tiempos actualmente planteados para la intervención. Es absolutamente necesario realizar las modificaciones institucionales que acojan o den soporte a las propias dinámicas de empoderamiento que adquieren las organizaciones involucradas.

6.- De la propia experiencia surgida en la implementación del programa se requiere que desde el inicio se considere intervenciones en el mantenimiento y/o ampliación de las unidades habitacionales. Esto es especialmente claro en el caso de familias en situación de pobreza, que en sus demandas requieren una intervención inicial en sus unidades habitacionales deterioradas. Que mejor “obra de confianza” que intervenir en las unidades habitacionales.

7.- En este transitar de un programa gubernamental a una Política de Estado de Recuperación Barrial se requiere abrir el debate sobre los barrios a intervenir, especialmente cuando en ciertos territorios comunales que concentran viviendas producto de políticas públicas que requieren intervenciones mayores, que superan los límites de una agrupación residencial e incluso el propio territorio comunal. Por ello se requiere de planes de intervención mayor: interbarriales e intercomunales, que obliguen al desarrollo de planes estratégicos mucho más complejos, pero también, haciendo un efectivo uso de los recursos públicos como inversión social. En ello, es reconocido el papel gravitante que juegan los Gobiernos Metropolitanos o Alcaldías Mayores, claramente un tema pendiente en el caso chileno donde aun las áreas metropolitanas no disponen de modelos de gobierno y gestión acordes con los desafíos que plantea el escenario contemporáneo. Es necesario recordar que son múltiples los factores que inciden en el deterioro de los barrios y no necesariamente, es un problema de barrios que concentran viviendas sociales.

En definitiva no solo es necesario este año garantizar la sostenibilidad de las intervenciones realizadas y cumplir con la meta de 200 barrios, sino también, es prioritario en un año electoral abrir el debate sobre este pilar básico de políticas territoriales y habitacionales definidas como integrales, para lo cual el Instituto de la Vivienda se ofrece como un espacio de reflexión y propuesta para avanzar en dicha situación, tal como se hizo al inicio de este periodo gubernamental.