Por el derecho a la vivienda y la ciudad

Por Maricarmen Tapia
Arquitecta Urbanista, Campaña por el Derecho a la Ciudad y el Territorio

El pasado sábado 24 de marzo se realizó la IV Marcha Nacional Por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad, a la que asistieron alrededor 10.000 personas en Santiago y en otras ciudades como Iquique y Antofagasta. En esta ocasión se suma “la ciudad” como parte integrante de la convocatoria. Un paso adelante, ya que permite entender que la vivienda, como derecho, hace ciudad, que la vivienda debe estar debidamente provista y localizada de manera que quienes habitan participan de la ciudad, en profundo contraste con la ciudad segregada que conocemos.
La marcha respondía a una convocatoria del Frente de Resistencia Urbana, al que se adhirieron distintas organizaciones sociales y Comités de Vivienda. Las banderas de partidos, con muy pocas excepciones, estuvieron casi ausentes. No obstante, muchos de los dirigentes son militantes de partidos, lo que muestra que se trata de un enfoque reivindicativo de carácter social, que traspasa o no requiere necesariamente enmarcarse en una reivindicación partidaria.

“La vivienda como un derecho y no un lucro”, decía uno de los carteles, que eran acompañados por pobladores, jóvenes y familias. La vivienda entendida como derecho y por tanto resuelta y planificada en nuestras ciudades desde una lógica en que el Estado asuma y resuelva esta necesidad básica, es una cuestión trascendente, justamente hoy, que el Tribunal Constitucional ha quitado el No al lucro de un derecho no constituido en Chile, como es el derecho a la educación.

Tener el derecho también es una discusión no zanjada en Chile; vemos cómo, a pesar de los esfuerzos legales y programáticos de avanzar hacia un Estado que incorpore y se comprometa con los Derechos Humanos, que, al no estar debidamente indicados y explicitados en nuestra Constitución, no están resguardados.

En nuestro país. aunque existen pequeños grupos ciudadanos que abogan por una Nueva Constitución, esta necesidad aún no es claramente percibida por la ciudadanía, en la toma de conciencia de cómo afecta a su calidad de vida, a la proyección de las capacidades de cada persona, independientemente del entorno del que proceda. El derecho a la Salud, la Vivienda y la Educación son derechos básicos, necesarios y claramente establecidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos.

Finalmente, la vivienda y la ciudad. La actual Constitución y la legislación que se desarrolla a partir de ella y la propia política de vivienda no contemplan la ciudad basada en el bien común, del derecho a una vivienda, del derecho a bienes y servicios básicos que son parte viva de la ciudad; es decir, colegios, universidades, institutos de educación técnica, servicios de salud, hospitales, áreas verdes, transporte público, veredas seguras y ciclovías, una ciudad que protege y valora su patrimonio. Se habla de urbanización, de construcción, pero, ¿qué hay del urbanismo, del para qué y para quién se planifica la ciudad?

Un Estado se organiza a partir de su Carta Magna, la Constitución, en donde se fijan los principios, derechos y deberes. ¿Es posible imaginar esa sociedad que queremos y su escenario, la ciudad, desde la actual Constitución?

Más información: http://www.derechoyterritorio.com/

Convocatoria IV marcha nacional por el derecho a la vivienda y ciudad

El próximo 24 de marzo del 2018, las organizaciones de pobladoras y pobladores de distintos lugares del país, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, convocamos en cada una de las ciudades a la IV marcha nacional por el derecho a la vivienda y la ciudad.

Vemos con preocupación la existencia de mecanismos e injusticias que imposibilitan el reconocimiento del derecho a la ciudad y a una vivienda digna en nuestra sociedad. La desregulación del mercado del suelo, que da pie a la especulación inmobiliaria, desintegra y degrada la ciudad, expulsando en consecuencia a las y los más pobres a las periferias, lejos de sus lugares de trabajo y sin posibilidad de acceder a servicios públicos, degradando por tanto su calidad de vida. Por otra parte, vemos como hoy en Chile existen 146 mil familias que tienen que gastar la mitad de sus ingresos en pagar arriendos abusivos, por la falta de políticas asociadas a su regulación, lo que además de ser en sí mismo escandaloso, muchas veces deriva en que algunas personas no tengan otra opción que tomarse un terreno, viviendo sin servicios básicos, con problemas de contaminación, seguridad y una precaria materialidad en sus nuevos hogares. Y en el mismo sentido, con dolor vemos que familias completas de migrantes, que llegan al país en búsqueda de una mejor calidad de vida, son tratados por el aparataje estatal como una amenaza, desalojándolos de viviendas, discriminándolos por su color de piel, en la micro y en el diario vivir. Nos hemos acostumbrado a vivir entre “iguales”, segregados, sin ver la riqueza del compartir en sociedad, en el trabajo, el barrio y la escuela.

Ante esto, diversas organizaciones de pobladoras y pobladores, y de vivienda social, nos hemos reunido, a partir de un diagnóstico compartido, para coordinar nuestros esfuerzos eneste sentido. Hacemos un llamado a trabajar colectivamente por conquistar el derecho a la vivienda digna y a consolidar una ciudad inclusiva, solidaria y comunitaria, definida entre todos y todas. Estamos convencidos de que quienes poblamos los espacios somos los que generamos la riqueza y los que construimos y transformamos las ciudades, y no permitiremos que algo tan básico como un techo, ese mismo que construimos día a día, se nos niegue. Y no se trata sólo de una vivienda aislada: se trata de su emplazamiento, su entorno, su conectividad, su acceso, su sentido, su comunidad, su barrio asociado. Su ciudad.

Para avanzar en esta causa reconocemos que tanto el Estado, como la empresa y la sociedad civil tienen un rol clave en la construcción y consolidación de ciudades justas y sostenibles. El logro de esto depende de que generemos espacios de encuentro y podamos tomar medidas conjuntas con miras a una ciudad de todos. Es fundamental potenciar la función social del suelo y de la propiedad. Estamos convencidos que la propiedad por sí misma no otorga dignidad, sino que es el desenvolvimiento en un entorno integrado, sostenible y con una vivienda adecuada, el que dignifica a la persona humana. Vecinos, vecinas e instituciones de la sociedad civil vemos en la ciudad un espacio de encuentro y construcción colectiva, expresión nítida de cómo construimos nuestra nación, un reflejo de nuestro país. Es por esto que, como ideal de sociedad, creemos en recuperar el derecho a la ciudad para construirla como un espacio inclusivo, de todos y para todos, porque tenemos derecho a la vida digna y porque son nuestras manos las que construyen todo lo necesario para la felicidad.

Asumimos el desafío de levantar un espacio de trabajo y de acción transformadora, que impulse, desde la unidad, iniciativas que mejoren el vivir en nuestras ciudades. Colaborando entre todos y todas y entendiendo que existen y existirán diferencias legítimas entre los que conformemos este espacio, tendremos como base el horizonte común que nos une: conquistar el derecho a una vivienda digna y a una ciudad para todos y todas. Es así que, este 24 de marzo, los convocamos a marchar por el derecho a un suelo para nuestras familias, por el derecho a la vivienda digna y a una ciudad de todos y todas, solidaria, democrática y pluricultural.

FRENTE DE RESISTENCIAS URBANAS CHILE