Nueva política de Rehabilitación Urbana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), ¿Una intervención intersectorial o nuestro clásico centralismo?
Por Marcos Canales Cadiz*
A partir del año 1998 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) inició en Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, una intervención en regeneración urbana que ha sido replicada hasta la actualidad en otros condominios de viviendas sociales en otras comunas, (como Cerro Navia o Quilicura) y en otras regiones (como Valparaíso y O’Higgins).
El argumento de esta intervención, ha sido variable y aleatorio en cada caso: un presunto riesgo estructural ante un terremoto, la reducida superficie, escasos bienes públicos, excesiva densidad, altos índices de delincuencia o concentración de la pobreza. Al mismo tiempo, ha estado estrechamente ligado con las prioridades de los gobiernos de turno. En todos los casos esta intervención ha derivado en la demolición de edificios, procesos largos con reubicación de las familias que allí habitan, donde la toma de decisiones ha sido centralizada en la institucionalidad y con escasas herramientas de parte de las familias para fiscalizar, controlar o ejercer influencia en dichos planes de intervención en sus barrios.
Esta situación cambia a partir del 17 de marzo de 2018, cuando fue aprobado el D.S N° 18 del MINVU, que regula el programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales de Viviendas Sociales, que viene a constituir el primer programa que regula la intervención del MINVU en conjuntos de condominios de viviendas sociales.
Esto resulta importante, considerando que esta línea de intervención en la actualidad, según la información de la formulación presupuestaria 2018 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017), define su población objetivo en 11 nuevos conjuntos habitacionales para el año 2018.
La siguiente columna analiza dicho instrumento en base a su definición del problema público que desea resolver, sus áreas de intervención, su gobernabilidad y finalmente el rol que entrega a las familias en el control y la fiscalización como mecanismo de legitimación de la acción pública.
El problema público definido por este programa reconoce una tensión entre la producción de vivienda en altura y la producción de un parque de condominios deficitarios cualitativamente en su ámbito habitacional y urbano. Esta dinámica produciría conjuntos de condominios de viviendas sociales con problemas urbanos, tales como déficit en áreas verdes, equipamientos, etc.; con problemas constructivos, definidos como densidad excesiva o tamaño insuficiente de las unidades, y además crea problemas sociales, como alta concentración de pobreza y delincuencia.
Las áreas de intervención de este programa se articulan en torno a un plan maestro de regeneración urbana, que considera la intervención en el ámbito urbano, proyectando obras de macro infraestructura deficitarias en los conjuntos habitacionales, orientadas a actualizar el programa de la vivienda original al nuevo estándar de la vivienda social, lo que implica proponer alternativas de rehabilitación des-densificada o demolición de conjuntos.
Otro eje del programa es la movilidad habitacional, principalmente orientado a generar soluciones para la salida de las familias del condominio, ya sea a soluciones fuera del conjunto o bien a proyectos a desarrollar en el mismo predio posterior a su demolición. Finalmente, incorpora algunas acciones orientadas a mejorar las dinámicas de la organización comunitaria.
La gobernabilidad propuesta es una articulación de la Secretaría Regional de Vivienda, quién es el líder del programa, un SERVIU ejecutor, un Municipio patrocinador y un Comité de Regeneración Urbana en que se organiza la comunidad. Las decisiones son aprobadas por una mesa técnica regional, integrada por SEREMI, SERVIU y División de Desarrollo Urbano.
La participación de las familias se encuentra acotada al Comité de Regeneración Urbana, instancia consultiva que no forma parte de las instancias resolutivas, -tales como la mesa técnica regional-, y que tampoco forma parte de los espacios de evaluación de resultados, puesto que estos son acotados a la SEREMI respectiva.
En conclusión, a través del D.S. N° 18 no se define un problema público específico, sino que se aborda un amplio espectro de problemáticas de los condominios sociales. Es una iniciativa de actualización del estándar del barrio y de las viviendas, donde su gobernabilidad está principalmente centralizada, sin contemplar una participación activa de las familias en la definición de la intervención de la que serán parte sus barrios y que transformará su experiencia vital.
La formalización de este programa constituye un avance, que esperamos se vaya optimizando en la medida de su implementación. No obstante, ¿estamos ante una política pública validada ante la comunidad o sólo actuamos como autoridad?
*Magister en Gestión y Políticas Públicas Universidad de Chile.
