Mención Honrosa Convocatoria de Columnas: “La política (tardía) de integración social (precaria) de los pobres urbanos en Chile”

Por Raúl Troncoso del Río.

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Mucho se ha hablado sobre cómo la exitosa política de construcción masiva de vivienda social que tuvo lugar en Chile entre los años 1980-2000 ha tenido su contracara en la agudización de fenómenos de desintegración social, segregación residencial y exclusión social de los pobres urbanos (entendida como una ruptura relacional y como la vulneración de derechos sociales). De hecho, a raíz del desarrollo de conjuntos de vivienda social en terrenos de menor valor en la periferia, Santiago se ha transformado en una de las ciudades más segregadas de América Latina (Ducci, 1998).

No será hasta el año 2006 cuando se avizora cierta intención de la política habitacional chilena por propiciar la integración social urbana, pero se abordará de manera más explícita desde el año 2013 con la Política Nacional de Desarrollo Urbano y en el 2016 con el programa de Integración Social y Territorial (DS.19). Este escenario pone de manifiesto no sólo una respuesta tardía ante una segregación desbordada, sino también la complejidad que ha tenido la política pública para proponer una hoja de ruta sustantiva que se haga cargo de navegar hacia un equilibrio entre calidad y cantidad de viviendas e integración social urbana. Ejemplo de ello es el casi nulo debate sobre el sistema de financiamiento de vivienda social con el que contamos, siendo que éste se encuentra a la base de la segregación social en la periferia urbana (Brian, Cubillos y Sabatini, 2007).

Antes bien, contamos con un principio de integración social declarado e instrumentos que se remiten a propiciar el acceso a servicios urbanos elementales, a programas subsidiados por el Estado -que se originaron con el fin de reactivar la economía mediante incentivos a la ejecución de proyectos habitacionales- que incorporan núcleos familiares de distinto nivel socioeconómico y una reducida gestión del suelo urbano destinada a proyectos de integración social por parte del Estado. Todo ello, en un contexto que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada, Sra. Leilani Farha, calificó el pasado año en Santiago de estar marcado por una economía de mercado donde la vivienda es vista como un activo y la constitución chilena, antes que incluirla como derecho social, protege los derechos de propiedad, convirtiendo a los titulares en consumidores. De ahí que, aún cuando ha aumentado la preocupación por la localización de las viviendas sociales, el predominio del sector inmobiliario se deja sentir de manera evidente en muchas comunas del país dada la falta de regulación sobre el uso del suelo. Cabe preguntarse entonces acerca de los retos sustantivos de la política de integración social urbana en un contexto donde la desigualdad social, la mercantilización urbana y la especulación económica han terminado por dominar nuestras ciudades, cuando debieran hacerlo, según un principio mínimo de justicia social, políticas y reformas orientadas a asegurar el derecho a la vivienda y la ciudad como condición básica para hablar de ciudades integradas, si eso es a lo que realmente se aspira. Pero ¿cómo propiciar aquello en una realidad urbana altamente segregada como Santiago, donde los pobres urbanos no sólo han sido expulsados a la periferia sino que también cargan con un estigma que refuerza su situación de exclusión?

Un conflicto barrial interesante para ejemplificar esta tensión tuvo lugar en julio del 2016 en la comuna de Maipú, cuando el Consejo Municipal -a pocos meses de las elecciones municipales de ese mismo año- rechazó la compra de un terreno destinado a viviendas sociales con fondos aprobados de la Subdirección de Desarrollo Regional. Se trata del proyecto “Flor del Valle”, compuesto por 116 familias provenientes de campamentos. Este hecho se originó luego de que vecinos de 6 villas próximas al terreno destinado al proyecto, se organizaron para evitar el arribo de estas familias, arguyendo que llegaría el tráfico de droga y la delincuencia, entre otras consecuencias. Si bien el proyecto logró tomar su curso normal luego de la presión de diversos actores, este hecho revela -como veremos enseguida- un elemento ausente de las políticas urbanas en Chile, que dice relación con la dimensión simbólica de la integración social. En consecuencia, ¿basta con incorporar a los pobres urbanos en proyectos de vivienda social bien localizados y compartidos con familias de mayor nivel socioeconómico para generar integración?, ¿cómo debe afrontarse la integración social urbana si los pobres urbanos son vistos como una amenaza al desplazarse a mejores barrios?

A este respecto, son significativos los hallazgos de Márquez (2006) a raíz de una investigación sobre la incidencia de las políticas sociales entre los más pobres de Santiago y Curicó, pues nos alertan que la distinción entre integración funcional (asociada a la participación de los pobres en el mercado) e integración simbólica (referida al sentido de pertenencia al lugar donde se vive) ha sido olvidada por la política social, y los relatos de pobres urbanos dan cuenta de cómo la estigmatización y descalificación que reciben afecta en la imagen de sí mismos, generando una tensión constante con el entorno, que trae consecuencias identitarias y sociales importantes. Agrega que si bien los pobres urbanos pueden desear la integración, aquellos códigos de integración social se encuentran en disputa en las comunidades. De ahí que el rol del Estado resulta clave, pues “la pertinencia y oportunidad de las viviendas sociales no tiene que ver solo con las demandas de integración funcional y el traspaso de subsidios, sino también con el reconocimiento social que cada familia, en tanto sujeto de derechos, demanda” (Márquez, 2006: 177-178).

En consecuencia, podríamos afirmar que uno de los elementos cruciales para superar esta integración social precaria, está asociado a reconocer a los pobres urbanos en tanto sujetos de derechos. A nuestro juicio, esto pasa en primer lugar, por reconocer en la constitución chilena el derecho a una vivienda adecuada. Pero, al mismo tiempo, se hace imperativo superar la mirada estrecha que se mantiene en esta materia desde la política pública. Pues, por un lado, la política de vivienda opera como un recetario de subsidios destinado a quienes demuestren ser pobres y/o sujetos de crédito y, por otro, actúa totalmente al margen de una mirada transversal de las actuaciones públicas. Ejemplo de aquello es el nulo dialogo de la política de vivienda con intervenciones públicas que afronten las fracturas (aquí expuestas) en los vínculos de integración simbólica y comunitaria o, menos aún, con iniciativas que apunten a ajustar los desequilibrios territoriales y, de tal forma, impulsar modelos justos de desarrollo económico local. Pareciera que los árboles no nos dejan ver el bosque. De no hacerlo, la integración social urbana seguirá siendo letra muerta y continuaremos con una política urbana que reproduce la desigualdad social en la ciudad y la exclusión social de los pobres urbanos.

 

Referencias

Brian, Isabel., Cubillos, Gonzalo., y Sabatini, Francisco. (2007). Integración social urbana en la política habitacional. Dirección de Asuntos Públicos, Pontificia Universidad Católica de Chile, año 2, nº7.

Ducci, María Elena. (1998). Santiago, ¿una mancha de aceite sin fin?¿Qué pasa con la población cuando la ciudad crece indiscriminadamente?. EURE (Santiago), 24(72), 85-94.

Márquez, Francisca. (2010). De lo material y lo simbólico en la vivienda social. En: Rodríguez, Alfredo y Sugranyes, Ana. Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social, tercera edición. Santiago de Chile, pp.167-180.

Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado (2017). Declaración final de la misión de la Relatora Especial sobre la vivienda adecuada, Santiago de Chile, 28 de abril de 2017, Sra. Leilani Farha. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21544&LangID=S

 

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