IV Jornada de Vivienda Social: Síntesis Panel Nº3 Impacto de la Política Habitacional

El tercer panel de la Jornada, orientado a debatir el Impacto de la Política Habitacional en nuestro país, contó con la participación de Rubén Sepúlveda, arquitecto y Director del Instituto de la Vivienda en representación del sector académico; de María de la Luz Nieto, economista y Asesora del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en representación del sector público; de la arquitecta Margarita Greene, del Colegio de Arquitectos de Chile, en representación del sector privado; de José Parraguez, Economista y Gerente de la Fundación de Viviendas Hogar de Cristo, en representación del sector privado; Alfredo Rodríguez arquitecto y Director de la ONG SUR, en representación de la sociedad civil.
El Director del INVI, académico Rubén Sepúlveda inició su exposición con la pregunta ¿Qué hacer para revertir los impactos negativos de una política habitacional “viviendista”?. Frente a dicha interrogante, expuso el que la vivienda social no es la acción de producir soluciones de bajo estándar, sino un dispositivo (financiero, normativo e institucional) que el Estado conforma para que ciertos segmentos de la población puedan acceder a ella. En el contexto de la economía de mercado, las políticas habitacionales siguen favoreciendo la expansión urbana y la especulación en el mercado del suelo.

Asimismo planteó que, la política habitacional debe considerar el que sus resultados generan una configuración territorial, sociocultural y político-económica compleja y por ello, el Estado debe intervenir corrigiendo las disfunciones evidenciadas, desde la concepción de abordar los problemas asociados al Hábitat Residencial en sus tres dimensiones: Política-Económica; Urbano-Territorial y Socio–Cultural. “La Política Habitacional debería ser considerada parte indisoluble de una política socio-urbana”.

Aclaró que es “obligación de todos los actores involucrados” en el proceso habitacional chileno, cumplir con lo indicado en el Artículo 1ª, inciso 2ª de la Constitución Política de Chile.

Desde esta perspectiva al académico Rubén Sepúlveda, planteó que una política habitacional debe ser parte indisoluble de una política socio- urbana, pasando de una lobbista, a otra, redistributiva. En este sentido, sostuvo la necesidad de revalorizar la concepción de vivienda social, como parte de una acción redistributiva de la riqueza por parte del Estado, con una política habitacional sustentada en una concepción integral del problema, con una adecuada relación con una política de suelo, urbanística y de ordenamiento del territorio, como también, con las necesarias vinculaciones con las políticas sociales para abordar las carencias habitacionales de la población en situación de pobreza.

Finalizó su exposición enfatizando que una política habitacional no solo construye unidades de vivienda, sino que contribuye a hacer ciudad y ciudadanos con derechos y deberes.

La economista María de La Luz Nieto expuso la relevancia en magnitud, de la producción de viviendas en el período 1990- 2004, como efectos de una política habitacional, especialmente su impacto en la dinámica inmobiliaria del país. La Asesora del MINVU, detalló algunos avances en lo social, importantes de destacar, como efectos de la Nueva Política Habitacional en ejercicio desde principio de la década, como el apoyo a la organización social, constitución de condominios sociales, mejoramiento de la calidad de espacios públicos en conjuntos sociales fomentando sus intervenciones, coordinación en los avances de desarrollo social promoviendo la participación ciudadana, ampliación de los espacios institucionales y focalización de la acción e inversión pública en los más pobres.

Informó que la implementación del Fondo Solidario, programa focalizado bajo la línea de la pobreza, atiende a las distintas vulnerabilidades sociales, con un diseño que favorece la organización y participación comunitaria y abre espacio a diversos actores. Dicho Fondo Solidario ha atendido a 76.359 familias, materializándose 1.277 proyectos, de los cuales el 85% de ellos corresponden a construcciones de viviendas en nuevos terrenos, y el 25% corresponden a proyectos de densificación predial y mobiliario habitacional. El estado de avance de dichos proyectos registra un 34% terminados y un 22% con más de un 50% de avance. El impacto territorial del programa se traduce en la participación de 211 comunas, equivalentes al 61% de los municipios a nivel país, de los cuales el 80% de ellos corresponden a las comunas más pobres.

A su juicio, son notables los resultados obtenidos en el ámbito de la coordinación de actores para nuevas intervenciones en el contexto del barrio, señalando que “la pequeña escala es posible”, admitiendo la flexibilidad en las soluciones habitacionales e intervenciones en el espacio público, donde el 75% de los proyectos son agrupaciones con menos de 70 viviendas. Por último indicó que es un programa que fomenta la inversión en el espacio público.

Terminó planteando como principales desafíos el “traspasar la capacidad de decisión a la gente”, diseñar políticas públicas que consideren además de la inversión inicial, su uso permanente, su mejoramiento, y mantenimiento futuro, ello entendiendo “el proceso continuo de la vivienda al habitar”, incluyendo a la comunidad y al barrio.

Considerando que el subsidio es una transferencia patrimonial, éste debe apuntar a la equidad social, descubriendo una forma de concertar la institucionalidad. Y finalmente, opinó que se debe considerar la vivienda social en la ciudad, abordando una gestión inmobiliaria social, como parte integrante de la acción pública en materia habitacional.

La académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Margarita Greene, representante del Colegio de Arquitectos A.G., aclaró que desde su ejercicio académico, representaba en esta ocasión las visiones del gremio profesional, con una opinión consensuada al interior del cuerpo colegiado respecto a la vigencia de la actual política habitacional, y propuestas respecto a los ajustes o modificaciones que se estiman necesarias.

Indicó que una Política Habitacional debe considerar los factores de localización, focalización y participación, el acceso al suelo, un diseño apto, y una tecnología adecuada. Enfatizó, que no se puede separar la producción de vivienda del contexto en la que se emplazan los proyectos, siendo imperativo abordar frente al actual déficit, un enfoque cualitativo.

Algunas de las acciones recomendadas que se plantearon al interior del Colegio de Arquitectos fueron: definir una nueva política de urbanismo y vivienda, incorporando la vivienda social en su contexto mediante la asignación de suelo; encarar desde la perspectiva urbana el stock existente, junto a las nuevas viviendas; reformular el nuevo marco institucional, redefiniendo roles del MOP- MINVU- Gobiernos Locales entre otros sectores, ello desde la constatación que hoy existe una pobreza carencial y urba
na.

El representante de la Sector privado José Parraguez, Gerente Fundación de Viviendas Hogar de Cristo partió reconociendo el éxito cuantitativo de la política habitacional, y la capacidad que ha tenido de diversificar los programas para abordar las demandas habitacionales de distintos grupos.

Señaló que lo que se ha dado es una focalización de la inversión pública en vivienda pero que sin embargo persisten problemas de la política, entre las cuales mencionó: calidad y la capacidad de las instituciones y la institucionalidad MINVU- SERVIU, que goza de una autonomía que a su juicio, no está resuelta por el aparato estatal, desde la disyuntiva que la vivienda es un derecho o un bien económico. Por otra parte, la normativa general, no reconoce la participación en los programas, ya que no es lo mismo densificar lotes que la construcción de viviendas nuevas. En este sentido puntualizó el que “la tecnificación del modelo ha permitido naturalmente la diversificación de los programas a partir de la estratificación socioeconómica de la demanda potencial, lo que es un gran acierto, pero esto ha llevado a que los costos de la solución predeterminen todo, el diseño, la localización, la ubicación espacial, la vivienda”.

Reconoce la falta asistencia especializada que de cuenta de los resultados. En este sentido, critica los pocos recursos disponibles para la asistencia técnica lo que impide la participación de profesionales especializados.

Es necesario mejorar los instrumentos de focalización como la encuesta CAS y la eficiencia en la entrega real de los subsidios, cuyos indicadores sólo favorecen la aparición de ghettos.

A su vez desde principios de asistencialidad, específicamente en la generación de programas habitacionales sin deuda, puntualiza que aquellos no son sostenibles en etapas de depresión económica, donde la entrega de una vivienda gratis altera la estructura del gasto diario de las familias, “si no hay crecimiento económico cualquier política esta condenada al fracaso“, puntualizó.

Finalmente, planteó el concepto de la vivienda digna, y los estándares adecuados de superficie, para lo cual surge la necesidad de abordar un debate del concepto de la vivienda social en Chile.

Finalmente expuso el representante de la Sociedad Civil, Alfredo Rodríguez, de la ONG SUR Consultores. El expositor planteó el que se ha asistido a periodos de políticas de financiación muy exitosas, en el cual se ha mejorado la salud, la tenencia, etc., pero que sin embargo, se han destruido las redes sociales, con repercusiones en la realidad socioeconómica, “ganan lo mismo y gastan más, y para peor ya no los califican como pobres“, señaló. A lo anterior, se suman los impactos sociales y espaciales cuando los habitantes son cambiados desde un campamento del cerro San Cristóbal, por ejemplo, a un conjunto habitacional en Paine, restando posibilidades de subsistencia a las familias.

Una evidencia de las deficiencias del funcionamiento del sistema, es la condonación de las deudas hipotecarias SERVIU, enfatizando al respecto el que una política habitacional es mucho más que un sistema para otorgar subsidios.

Por otra parte, señaló entre sus principales preocupaciones, la necesidad de monitorear lo que se está haciendo en materia habitacional e impactos en el sistema urbano y ámbitos territoriales y la necesidad de flexibilizar el diseño. Finalmente plantea como interrogante frente a los actuales problemas de calidad ¿Qué hacer con el stock actual de la Vivienda Social?

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