Mejoramiento de vivienda: La deuda con la habitabilidad rural.

Por Joselyn Ponce Pailacura*

La región del Maule es una de las regiones más rurales del país, ocupando el segundo lugar según el compendio INE 2017 (32,05%), y también una de las comunas con mayor incidencia de la pobreza[1] al igual que otras regiones del país. Ambos factores están directamente ligados entre sí, que la pobreza se concentre en territorio rural es parte del reflejo del centralismo y estandarización de políticas a nivel nacional, pues “dificulta a comunidades completas controlar, dar forma y otorgar sentido a su propio desarrollo” (FUSUPO, 2017, P. 33)

Existen políticas de vivienda que incluyen la construcción o adquisición de un nuevo inmueble en el sector rural, cumpliendo los requisitos expresados por los decretos y el ahorro mínimo que este solicita. Pero, ¿qué sucede cuando ya existe una vivienda y se necesita mejorarla?

El hábitat rural posee dinámicas muy diferentes de la urbe por el tamaño, las relaciones con su entorno, las actividades económicas primarias y el tipo de relaciones sociales que sus habitantes tienen entre sí (Berdegué, Jara, Modrego, Sanclemente, & Schejtman, 2009). La vivienda es un claro ejemplo de esto, se caracteriza por el uso cotidiano durante el día y la noche de las áreas exteriores como huertos, bodegas, baños en pozo negro, caballerizas, norias, amplias cocinas que incluyen artefactos a leña etc. En su mayoría son construidas con el material disponible en el territorio de forma autogestionada, incumpliendo con estándares mínimos de construcción (Urrutia, 2014) pero dando solución a la necesidad de cobijo propia del ser humano. Sin embargo, cuando esta vivienda sufre deterioros por alguna catástrofe[2] o ya no responde a las necesidades del núcleo familiar pues sus integrantes aumentaron, disminuyeron o su movilidad se limitó; las opciones para mejorarla son escasas.

Dentro de las opciones de mejoras o ampliación que ofrece la política pública, existe el D.S. nro. 10 del 2015 que reglamenta el Programa de Habitabilidad Rural para “mejorar las condiciones de habitabilidad de familias que residan en cualquier lugar del territorio nacional, excluidas las localidades urbanas de 5.000 o más habitantes” (MINVU, 2015, p.3) que “requieren de programas específicamente destinados  a  asegurar  su desarrollo  territorial” (MINVU, 2015, p.2) considerando la inclusión de recintos externos, ampliación y mejoramiento del inmueble en diferentes aspectos[3]. En una sola postulación además incluye subsidios adicionales que ayudan a conservar y mejorar la arquitectura, funcionalidad y carácter de las viviendas existentes. También posee un apartado especial para la tercera edad que les otorga beneficios especiales como postular sin ahorro. Inicialmente, este subsidio podría responder ante los requerimientos espaciales de las familias del sector rural, sin embargo entra en discusión, ¿qué se considera lo rural? (Berdegué, Jara, Modrego, Sanclemente, & Schejtman, 2009). Existen comunas catalogadas totalmente como rurales por no poseer plan regulador, pero en la asignación de puntajes para otorgar el subsidio se enfrentan a la desventaja de estar cerca de una ciudad o una carretera, como es el caso de San Rafael, cuyo 54.63% (INE 2002) es rural, pero a nivel regional se recomendó no postular al D.S. nro.10 pues las posibilidades de obtener el subsidio eran casi nulas con respecto a otras comunas de la región.

¿Qué otra opción poseen estas familias?

El D.S. nro. 255 que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar surge a partir de “la necesidad de detener el proceso de obsolescencia de barrios y viviendas con el fin de tender a la conservación de dicho patrimonio familiar y cultural”[4] (MINVU, 2006). A diferencia del mencionado anteriormente, en este subsidio se puede postular una sola tipología de intervención (ampliación o mejoramiento) y una vez recepcionada la obra se puede postular a la otra tipología. Si bien los proyectos son personalizados por cada familia y su necesidad, en el caso de las ampliaciones solo considera recintos comunes (baño, cocina, estar, comedor y lavadero) y he aquí la limitación con la zona rural que como mencionamos, se caracteriza por el uso de otros recintos externos. Por otro lado, solo se puede utilizar el recurso que otorga el subsidio para los proyectos, con lo que no se logra más que un solo recinto habitable. La postulación a este subsidio requiere de una vivienda regularizada[5], la elaboración de un proyecto, aprobado por la DOM[6] que luego de ser revisado por SERVIU regional, se entrega a las personas para comenzar las obras. Si bien este subsidio es accesible para la mayor parte de la población, y el tiempo de espera puede ser menor, este no considera las variables de la dinámica rural de las regiones ni para la entrega de los recursos ni para la selección.

“Una política pública, creada en un ministerio en el centro de Santiago y uniforme para todo Chile, no podrá hacerse cargo de las realidades tan diversas que hay. Eso retrasa el desarrollo en las zonas más aislada y la gente se ve forzada a emigrar” (Guiñez citada en Bertin 2016) y no solo a abandonar su lugar de origen rompiendo el tejido social del que forma parte, si no también renegando de su modo de vida rural viéndolo como algo negativo opuesto al desarrollo (Berdegué, Jara, Modrego, Sanclemente, & Schejtman, 2009).

Si la mejor opción para el sector rural es el D.S. nro. 10 esto no se verá, al menos dentro de 10 años. Continúa estando a prueba y cada vez más se va acomodando a la realidad de las regiones, sin embargo, sigue siendo una propuesta desde el nivel central, vista con ojos urbanos que tratan de empatizar con este modo de habitar diferente. Falta aún dar el paso a políticas públicas participativas y diferenciadas a cada realidad.

 

Referencias:

Berdegué, J., Jara, E., Modrego, F., Sanclemente, X., & Schejtman, A. (4 de Septiembre de 2009). Sociedad chilena de Políticas Públicas. Obtenido de Ciudades Rurales en Chile: https://www.sociedadpoliticaspublicas.cl/archivos/MODULO_V/Panel03_Descentralizacion/Julio_Berdegue_Esteban_Jara_Felix_Modrego_Ximena_Sanclemente_Alexander_Schejtman_Ciudades_R.pdf

Bertin, X. (4 de Enero de 2016). La tercera. Obtenido de Estudio identifica 219 comunas rurales y detalla precariedad en su desarrollo: http://www2.latercera.com/noticia/estudio-identifica-219-comunas-rurales-y-detalla-precariedad-en-su-desarrollo/

FUSUPO. (4 de Septiembre de 2017). UMBRALES SOCIALES PARA CHILE:DESAFÍOS PARA LA POLÍTICA SOCIAL. Obtenido de Fundación superación de la Pobreza: http://www.superacionpobreza.cl/incidencia/umbrales-sociales-para-chile/

MINVU. (2006). D.S. Nº 255, (V. y U.) PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR. Santiago: División Politica habitacional.

MINVU. (2011). D.S. N°1, Sistema integrado de subsidio habitacional. Santiago: División de política habitacional.

MINVU. (2011). D.S. N°49 (V. y U.) Fondo solidario de elección de vivienda. Santiago: Dirección Jurídica.

MINVU. (2015). D.S N°10 PROGRAMA DE HABITABILIDAD RURAL. Santiago: División de política habitacional.

MINVU. (2016). D.S. N°19 Programa de Integración social y territorial. Santiago: División Politica habitacional.

[1] Número de personas pobres expresado como porcentaje del total de la población en un determinado año. El valor nacional es 8,6% según la encuesta CASEN 2017.

[2] Terremoto del 27 de febrero 2010 Región del Bío Bío.

[3] Servicios básicos, vivienda general (pinturas, cubiertas, pisos etc.), confort térmico, eficiencia energética e hídrica.

[4] La vivienda como principal ejemplo del patrimonio familiar.

[5] Considerando que en el sector rural donde predominan viviendas autogestionadas no regularizadas principalmente por la materialidad (Adobe).

[6] Dirección de Obras Municipales

 

*Arquitecta, Universidad de Chile. Profesional Servicio País, San Rafael 2018, FUSUPO.

*Fotografía principal:  San Rafael centro Vista aérea desde sur a norte. David Cortés Miranda.