Desigualdad, la gran brecha para lograr una mayor seguridad

Por Hernán Ortega Castillo, experto en Seguridad y Gestión Urbana Integral

Desde la desigualdad que genera frustración y sensación de injusticia, surge la errónea interpretación que el robo o la violencia es reparatoria de la ausencia de oportunidades y de justicia social.

Se agrega la permisividad que la propia cultura del modelo propicia en todos los niveles de la sociedad, pero cuyos efectos son diferentes. La Polar, Johnson, los casos de colusión y los de corrupción por un lado, y el robo y el asalto por otro, son tratados de manera diferente.

El control del delito va más allá de la efectividad policial o la aplicación de tecnología y las leyes, si no que implica también la consideración de lo social en el concepto de desarrollo urbano y de ciudad.

Durante 30 años se ha negado la incidencia de la injusticia social en el tema de la seguridad, porque esa mirada es contradictoria con un afán de administrar el modelo de manera dogmática, cuya base de sustentación política es negar sus efectos negativos y privilegiar las visiones exitistas que ocultaron “oficialmente” la existencia de esa contradicción.

La criminalización de la pobreza es un fenómeno que ha marcado la pauta social del Chile en democracia. La fuerte estigmatización de barrios y la disminución en la edad de responsabilidad penal, son los ejemplos más evidentes que nuestra sociedad está viviendo un temor ciego, incapaz de indagar en sus propias causas y que, finalmente, endosa la responsabilidad a las principales víctimas.

Para reparar el daño causado, se requiere de reformas orientadas a lograr más justicia en el sentido amplio, que abarquen desde el Estado de Derecho hasta el diseño de planes para lograr una mejor vida de los ciudadanos.

Se hace necesario diseñar una intervención integral de los territorios postergados. Esta acción se debe concentrar tanto en los nuevos como en los antiguos sectores que desde hace años esperan atención de las autoridades, para corregir los errores cometidos en materia de diseño urbano y desarrollo social, como en Bajos de Mena (Puente Alto) o Alto Hospicio (Iquique) en los ’90,  o La Legua Emergencia (San Joaquín) en los ’50.

ALCANCE Y DESAFÍOS

Este tipo de problemas no es de alcance municipal. Los ingresos comunales propios dependen de los impuestos territoriales surgidos del valor de las propiedades y la actividad comercial o industrial, por lo tanto está directamente asociado al ingreso per cápita y capacidad de consumo de los residentes. Ésta es la razón de las desigualdades en la calidad, dotación y cobertura de equipamientos, espacios públicos y servicios urbanos, lo que se agrava al considerar que el 78 por ciento de las viviendas está exento del pago de impuestos territoriales.

Entonces es el Estado el que debe velar porque nuestras ciudades sean lugares inclusivos, donde las personas estén y se sientan protegidas e incorporadas a los beneficios urbanos: acceso a los espacios públicos, educación, salud, trabajo, seguridad, interacción social, movilidad y transporte, cultura, deporte y esparcimiento.

El principal desafío es la adaptación de un Ministerio de Vivienda, acostumbrado a construir lo nuevo, para que priorice otras habilidades y normativas que respondan con urgencia a las actuales situaciones de segregación social y desigualdad urbana, y que cuente con los recursos para ello. Hoy en día, miles de familias habitan en condominios de viviendas sociales de bajo estándar más allá de Américo Vespucio, donde además del hacinamiento y alta densidad, hay más distancia al trabajo y menos hospitales, menos universidades, peor calidad de transporte, falta de conectividades, déficit de áreas verdes, insuficientes jardines infantiles, escasez de centros culturales o de recreación y menos espacios e infraestructura adecuada para practicar deportes. También existen miles de viviendas de autoconstrucción no regularizadas por falta de capacidades o recursos de sus propietarios, que no acceden a planes de mejoras.

Para avanzar, se requiere también de otra obra modernizadora. Cambios institucionales que transfieran poder de acción a las regiones, a las ciudades y sus comunidades, integrando las dispersas políticas de vivienda, transporte, seguridad, salud y educación, al concepto de barrio no-segregado y seguro. No más viviendas sin infraestructura ni acceso a los servicios. No más viviendas ni villas dormitorio sin acceso a transporte, seguridad ni salud.

Lo relevante de esta mirada es la intersectorialidad  de los problemas y las soluciones. En el desarrollo urbano interviene más de un sector y, desgraciadamente, muchas veces por separado, con metas propias que no consideran la visión global y la propuesta integral para un territorio que debe ser planificado y concebido como un todo. Es por eso que la equidad e integración social urbana debiera ser una prioridad nacional, tan importante como lograr mayor equidad en la educación y la salud.

Para lograr esto, además de planes y programas que den cuenta de los cambios necesarios, se requiere de un liderazgo político que tenga visión de país, que potencie la planificación desde las regiones, defina el poder local y tenga mirada de territorio con un sentido de justicia.

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