El déficit habitacional: ¿de quién?
Por Álvaro Sallés Rojas*
En estos días se encuentra en el debate público el nivel de acceso a la vivienda que tienen las familias en Chile. En este marco, el actual gobierno señaló poder construir 400.000 viviendas en el período 2026-2030, lo que es un aumento significativo en relación con las cifras de los dos gobiernos anteriores: período 2018-2022: 148.000 viviendas, período 2022-2026: 262.390 viviendas. En este sentido, quisiera revisar algunas de las posibilidades de acceso a una vivienda en 2026 por parte de las familias.
¿Por qué el gobierno pone el foco en construir viviendas? A partir del Censo 2024, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) declara un déficit habitacional de 741.832 viviendas (que luego ajustaron a 491.904). En esa misma línea, la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) fija en 1.089.000 la falta de vivienda al 2022 y en 977.000 hogares en 2026 (CChC, 2026). Aquí merece la pena hacer una pausa para explicar qué diferencias de metodología hay entre la producción de ambas cifras. La ministerial recoge el criterio del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se compone de: la presencia de viviendas irrecuperables, hogares allegados, núcleos secundarios hacinados y viviendas con hacinamiento no ampliable. La segunda cifra (de la CCHC), se obtiene mediante el criterio INE y suma los grupos familiares viviendo en campamentos, en situación de calle y condiciones socioeconómicas . En conclusión, es un hecho que hay un gran número de familias que siguen requiriendo acceder a viviendas.
Hay un factor de “mercado” que se mantiene. La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) señala en septiembre de 2026 que las viviendas en Chile aumentaron su valor nominal un 299% entre 2010 y 2026, mientras que las remuneraciones aumentaron un 159% (ABIF, 2026). En este informe se corrobora una vez más algo de lo que se viene hablando con fuerza desde el 2018: existe en el mercado una brecha muy difícil de atravesar para los trabajadores chilenos que quieren acceder a una vivienda.
El Estado en ayuda de los más necesitados. La vivienda se concentra mayoritariamente en los sectores urbanos, lo que requiere incorporar servicios básicos (luz, agua, calefacción, comunicación, acceso, etc.). La ciudad sigue funcionando en un mercado de suelo, donde el valor es más alto en aquellos sectores con mayores “atributos urbanos” y es menor, donde existen menos. La vivienda social impulsada por el Estado sigue creándose en los lugares donde le es más accesible para poder cubrir mayor número y mejor calidad.
Y hay buenas noticias: la continuidad del Plan de Emergencia Habitacional del MINVU, que cuenta con varias herramientas para producir viviendas, lo que permitirá construir en sectores con mayores atributos urbanos para las familias más vulnerables.
¿Y la clase media? La clase media —un grupo bastante frágil que depende mucho de las condiciones económicas para su desarrollo— en estos momentos está en una situación complicada con respecto al acceso a la vivienda: las condiciones financieras para solicitar crédito han aumentado en los últimos años, y la situación económica se ha endurecido con un mercado laboral difícil.
En este sentido, existen situaciones que afectan a la clase media y que tienen que ver con la libertad de mercado que posibilita que sin importar dónde la persona esté, pueda comprar viviendas, especialmente para ponerlas en arriendo, sin importar si vive o no en la ciudad donde las adquiere. Esto genera un desajuste de las cifras que revisamos al inicio de esta columna, porque cuando hablamos que existen personas “allegadas por factores económicos”, se contrarresta con personas que pueden comprar 3, 5 ó 10 unidades de departamentos para la renta. La acumulación de “unidades” por parte de pocos es una forma poco ética de acaparar en un mercado que hoy está en crisis. Sin embargo, esta situación es algo que poco preocupa cuando ponemos el foco solamente en quienes no tienen, y no entre quienes tienen mucho.
La crisis de la construcción y adquisición de viviendas se aborda en general desde el gobierno con la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que introduce cambios para promover la construcción, es decir, pueden construir más en un mismo predio. Por otro lado, se promueve un Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), un apoyo para bajar la tasa de interés de los créditos que se otorgan desde Banco Estado. Es decir, en una crisis de acceso a la vivienda, que tiene entre sus factores la capacidad de acaparamiento privado, se busca recomponer mediante esfuerzos del sector público.
A modo de conclusión de esta columna, les invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿Debería el Estado establecer y asegurar el derecho a la primera vivienda para impulsar las condiciones de vida que permitan una base de prosperidad de las familias?
* Arquitecto Universidad Mayor Magíster en Hábitat Residencial, Universidad de Chile.
ABIF. (2026). Crédito hipotecario. ABIF Informa, (240). https://www.abif.cl/abif-informa
CChC. (2026). Balance de vivienda 2025: Evolución y análisis del déficit habitacional en Chile. Cámara Chilena de la Construcción.
