¿Son una buena noticia los programas de integración social?
Por Jorge Larenas, Académico INVI.
Fotografía: Edwin Haramoto, archivo CEDOC INVI.
El alcalde de Las Condes Joaquín Lavín nos ha sorprendido nuevamente con un movimiento estratégico para posicionar un nuevo tema en la agenda, esta vez con el anuncio de la construcción de un proyecto de vivienda en una zona de alta renta como lo es el sector de Rotonda Atenas, pero con la particularidad que se trata de un proyecto destinado a permitir el acceso a alojamiento a familias que califican como vulnerables de acuerdo a los criterios de focalización que establecen nuestras políticas sociales. Sin duda que se trata de un esfuerzo importante para contrarrestar las enormes desigualdades que persisten en nuestros territorios, sin embargo, también cabe la responsabilidad en términos de plantear algunas consideraciones que moderen el excesivo optimismo respecto a las soluciones que están en curso para abordar el fenómeno de la segregación, organizadas desde la política pública principalmente a partir de los llamados proyectos de integración social.
En primer lugar, hay que considerar que la integración social constituye un eje de la política urbano-habitacional desde el año 2006 y a partir de ese momento se han desplegado un conjunto de ajustes normativos y regulatorios conducentes a mejorar la localización de los conjuntos de viviendas financiados por los programas habitacionales dirigidos a grupos vulnerables. Primero a partir de incentivos específicos (subsidio a la localización) y progresivamente avanzando hacia el diseño de programas (DS116 en 2014 y DS19 en 2016) que buscan promover de un modo explícito la integración social, entendida ésta como la mezcla de beneficiarios de distintos segmentos socioeconómicos en un mismo conjunto de viviendas.
Lo que llama la atención, y es aquí donde es necesario lanzar una advertencia, es la marcada tendencia que adquirido la política habitacional en atender preferencialmente a lo que la propia política denomina como grupos medios y emergentes, en desmedro de los grupos más vulnerables. Por ejemplo, vemos que el año 2014 los subsidios pagados a grupos medios sobrepasan a aquellos destinados a grupos vulnerables (37.154 y 29.015, respectivamente, según cifras oficiales publicadas en el Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo), tendencia que se ha sostenido hasta la fecha. Frente a ello, las cifras del déficit habitacional (Observatorio Urbano del MINVU) indican que se requieren 207.589 para grupos vulnerables y 158.500 para grupos medios (insistiendo que se trata de los grupos medios que atiende el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que excluye al Quintil V de ingresos que presenta un déficit del orden de las 25 mil viviendas). Es decir, hay un claro indicio de la priorización de la política pública por orientar la oferta hacia los grupos medios, el cual claramente se incrementará si la oferta se articula en los llamados proyectos de integración que incorporan aproximadamente una relación de 70/30 de familias correspondientes grupos medios y vulnerables, respectivamente. Lo anterior abre un escenario complejo respecto al futuro comportamiento del déficit habitacional en el segmento de los grupos vulnerables, puesto que es altamente probable que se incremente de seguir la tendencia de la oferta de viviendas con un sesgo hacia los grupos medios.
Sin querer poner en cuestión la urgencia de promover políticas de integración que redunden en que nuestras ciudades reduzcan sus niveles de segregación, sí es necesario advertir respecto a no desatender a los grupos vulnerables, puesto que un efecto colateral de las políticas de integración es que terminen excluyendo precisamente a los más vulnerables que en el contexto de las propias orientaciones de las políticas públicas en materia habitacional que rigen en nuestro país desde hace 40 años, debieran ser el foco prioritario de la acción estatal.
En tal sentido, no resulta tan evidente que los programas de integración social sean una buena noticia para todos. No obstante, el debate está abierto y, sin duda, la magnitud del problema requiere de un repertorio más amplio, diverso y robusto que un mero esfuerzo programático y sectorial.
