Mención honrosa Convocatoria de Columnas: “Es especulación estructural, estúpido”: El poder corporativo en la periferia urbana Santiaguina y la maestría del silencio

Por Michael Lukas, Francisco Aravena e Ignacio Arce

Fotografía por Armando Lobos

A pocos días de finalizar el último periodo de gobierno de Michelle Bachelet, el 7 de marzo, se avisa en el Diario Oficial de la República sobre una modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Lo que implica esta modificación es la aprobación de dos de los proyectos inmobiliarios – o más bien megaproyectos urbano-residenciales – más grandes del país, bajo la figura normativa de Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC). Se trata por un lado del megaproyecto Praderas de superficie 1.200 hectáreas, controlado por el grupo Cruzat-Hurtado Vicuña, y por otro lado del proyecto Urbanya de superficie 703 hectáreas, controlado por el grupo Santa Cruz-Yaconi. En conjunto los dos proyectos están proyectados para 190.000 habitantes. Para contextualizar, la comuna de Providencia tiene una superficie de 1.434 hectáreas y en 2017 albergaba 142.079 habitantes. Sin duda alguna, estos dos proyectos de inversión privada de escala comunal cambiarán la geografía metropolitana con importantes efectos sobre el transporte, la segregación social y el metabolismo urbano en general, tal cual como lo han hecho sus antecesores, los megaproyectos que bajo la figura de la ZODUC (Zona de Desarrollo Urbano Condicionado) a partir del año 2002 se han instalada en las comunas de Lampa y Colina.

Mientras esta modificación es sin duda entonces la más importante desde la polémica gran modificación denominada “PRMS 100” aprobada en 2013 y que amplió el límite urbano en 10.234 hectáreas, hasta el momento no ha habido ni una reacción pública, mediática, de la sociedad civil o el ámbito académico. A nuestro parecer este silencio es preocupante y una muestra de cómo la discusión pública y la investigación académica acerca el desarrollo urbano se ha centrado casi exclusivamente en problemáticas asociadas a los centros urbanos, como la gentrificación o, últimamente, los mal llamados guetos verticales; todos ellos de altísima relevancia, pero no el único problema en el desarrollo de las ciudades chilenas.

En el ámbito académico hace algunos años hay una intensa discusión sobre cómo la clara distinción entre campo y ciudad ya no solo no es válida, sino peligrosa, porque nos inhibe ver la real escala de las inversiones inmobiliarias y transformaciones urbano-regionales; cómo la famosa revolución urbana de Lefebvre en realidad es una revolución suburbana, porque es en las periferias de las ciudades, o incluso mucho más allá, donde tiene lugar el crecimiento urbano más dinámico, con impactos tremendos sobre la segregación, la movilidad o los recursos naturales; o cómo estamos viviendo en una época de urbanización planetaria, donde el tejido urbano se extiende a rincones cada vez más remotos del planeta, eso sí y como siempre, bajo la lógica de un desarrollo geográfico muy desigual. No ha llegado este tipo de razonamiento al debate académico en Chile aun, y mucho menos, ha penetrado la discusión pública sobre el desarrollo urbano en el país. Hay un silencio abrumador, pero es un silencio ruidoso, una calma ansiosa y falsa, porque omite ver y hacerse cargo de problemas existentes y muy reales.

Uno de los síntomas cognitivos de la calma ansiosa son los problemas de memoria. Cabe hacer énfasis entonces en que la última modificación del PRMS y la aprobación de los proyectos de Hurtado-Vicuña y Santa Cruz-Yaconí es solo el último episodio de una larga historia de especulación estructural sobre la periferia urbana de Santiago. Desde fines de los años ochenta algunos de los grupos económicos más importantes del país por, un lado han organizado, y por el otro lado han disputado entre ellos, la repartición de las tremendas plusvalías que ofrece transformar suelo de uso rural en suelo de uso urbano. El conocido caso Caval – en los medios demasiado personalizado (¡el hijo de la presidenta!) – dio pistas sobre la lógica de esta especulación consiste básicamente en que inversionistas y empresarios de distintos rubros en determinados momentos compran terrenos rurales en las periferias urbanas, especulando que en el futuro estos terrenos van a cambiar de uso rural-agrícola a un uso urbano. Los actores más hábiles o poderosos en este juego apuestan no solo a esperar los cambios normativos, sino los fabrican, para después capitalizar los aumentos en los valores de suelo. No es maniobra fácil, pues los PDUC en Pudahuel se han demorado casi 30 años en aquello, desde su concepción en el grupo de estudio de la empresa Forestal Valparaíso, de Manuel Cruzat, hasta su aprobación y el cambio de uso de suelo, hace algunas semanas.

Los PDUC en Pudahuel en todo caso son solo el último momento en un negocio de gran escala y que tiene sus raíces a fines de los años ochenta. Fue en aquel momento histórico en que aumentó de forma considerable la presión sobre la periferia urbana de Santiago como resultado del exceso de capital y liquidez producido por las privatizaciones de empresas estatales bajo la doctrina neoliberal. Las personas, familias o grupos que en esta época compraron miles de hectáreas en la periferia de Santiago de hecho eran casi todos a la vez operadores y grandes beneficiarios del régimen militar en búsqueda de nuevos anclajes espaciales de capital. Han sido empresarios, políticos y ex-tecnócratas de la talla de Manuel Cruzat (controlador del conglomerado empresarial más grande del país en los años sesenta y ochenta, Forestal Valparaíso, UDI y Opus Dei), Juan Hurtado Vicuña (cuñado de Cruzat, “hombre de las privatizaciones” que con Fernández León – y el grupo Matte – controla Entel, El Almendral y Consorcio), Eduardo Fernández León (Entel, Consorcio e inmobiliaria FFV), Sergio de Castro (primer ministro de Hacienda de Pinochet y ‘padrino’ de los Chicago Boys), además de familias y grupos como los Rabat (Inmobiliaria Manquehue) y Penta que compraron terrenos rurales a gran escala, sobre todo en las comunas del norponiente de Santiago como Lampa, Colina y Pudahuel. Evidentemente estos actores, representando los poderes fácticos de la época, no se limitaron a solo esperar cambios normativos y territoriales, más bien se organizaron para producirlos. Piedra Roja, el megaproyecto hasta ahora más exitoso, localizado en la comuna de Colina, logró aumentar el valor del suelo, en algunos sectores de su propiedad de 0,007 UF/m² (valor de la transacción correspondiente al año 1994) a 5,3 UF/m² (valor de transacciones correspondientes al año 2017), es decir por 75.714%. Esto equivale a un aumento de 757 veces del valor del suelo entre el año 1994 y el 2017.

Lamentablemente aquí no tenemos el espacio para explicar el despliegue de múltiples estrategias de producción de conocimiento, know-how y discursos para justificar la implementación de la primera generación de la ‘planificación por condiciones’ en el PRMS 1997; las estrategias tecno-políticas en las negociaciones de las mitigaciones de los ZODUC entre grupos económicos y varios ministerios; la coerción del Estado por parte de los grupos en el proceso de licitación de la Autopista Nororiente; las tensiones políticas que llevaron a la segunda generación de la planificación por condiciones y su figura de los PDUC, la base para la megaproyectos en Pudahuel ahora finalmente aprobados; o la introducción de la tercera generación de la planificación por condiciones en el PRMS 100, instalada al parecer a especial petición de la Cámara Chilena de Construcción y en contra de los intereses de los desarrolladores de los megaproyectos, nuevamente revirtiendo principios de planificación y desarrollo urbano formulados solo algunos años anteriores.

Lo que sí queremos indicar es que la periferia urbana metropolitana por muchas décadas ya ha sido el lugar privilegiado para la circulación de capital y la extracción de rentas monopólicas de algunos de los grupos económicos más importantes del país, con nefastos resultados sociales y ambientales. Gran parte de la planificación urbana-regional de Santiago en las últimas décadas en esencia no responde a consideraciones urbanísticas o de interés público, sino a la dinámica de especulación estructural, es decir, la especulación de inversionistas privados sobre la futura estructura metropolitana, siendo los instrumentos claves por manipular el PRMS por un lado y la planificación e implementación de autopistas concesionadas por el otro. En base a la primera generación de la planificación por condiciones y los megaproyectos urbanos-residenciales tipo ZODUC en las comunas de Lampa y Colina, se ha constituido un paisaje de la desigualdad, espejo del capitalismo a la Chilena y la exorbitante concentración del poder económico y político.

La normativa PDUC ha sido bastante más exigente en exigir el cumplimiento de condiciones y mitigaciones, sin embargo, quedan serias dudas ¿el resultado territorial de la nueva ola de proyectos va a ser distinto, considerando que lo que prima es el valor de cambio, las rentas monopólicas, y no el valor de uso? Tal vez por tener plena conciencia de esta contradicción no resuelta entre un discurso pro-sustentabilidad y una práctica pro-rentabilidad, el complejo financiero-urbanístico en Chile hasta el momento ha privilegiado mantener silencio.