Estallido Social: el efecto de una integración fallida.
Por Jorge Larenas*
El folclorista argentino Atahualpa Yupanqui nos decía hace 75 años que “las penas son de nosotros… las vaquitas son ajenas” en su sensible composición “El arriero”, notablemente revisitada en 1993 por Divididos, una de las agrupaciones herederas de Sumo.
Comienzo esta columna con esta referencia pues creo que sintetiza muy bien el trasfondo del estallido social que hemos observado manifestarse desde la tarde del pasado viernes 18 de octubre, pero cuya latencia se percibía desde hace semanas, aunque sus elementos explicativos son de larga data. Y ese trasfondo sería que buena parte del crecimiento económico al cual todos contribuimos se reparte desigualmente y a nivel subjetivo crecientemente se sufren los costos, pero sin retribuciones las objetivas equivalentes, las cuales sí se aprecian en las élites (grupos empresariales, una parte importante de la clase política y los altos mandos militares, principalmente).
Lo interesante de esto es que los primeros síntomas ya se apreciaron con bastante certeza a fines de los años noventa en el Informe del PNUD del año 1998. Es decir, a poco andar del retorno a la democracia y en la época del mejor rendimiento de nuestra economía se hace visible el denominado malestar subjetivo en la sociedad chilena. Dicho informe nos señalaba que la interpretación de ese malestar estaba en dos ámbitos: por una parte, la desconfianza en los sistemas funcionales (la economía, la salud, la previsión, la educación) que se expresa no sólo en el acceso desigual al empleo, consumo, educación, salud y previsión sino también en la percepción de dicha desigualdad y, por otra parte, la vinculación excesivamente contractualista entre las personas y dichos sistemas que se evidencia en la estandarización de procedimientos y contenidos que invisibiliza la diversidad y atenta contra la pertinencia cultural, lo que debilitaría las formas de integración social en un contexto de modernización acelerada como el observado en la década de los años noventa.
Este elemento de contexto resulta muy relevante en tanto dicho informe permitió configurar buena parte de la llamada modernización del Estado acontecida desde principios de este siglo, principalmente en la administración Lagos, pero que ha venido progresivamente profundizándose hasta la actual administración Piñera. Este proceso de modernización del Estado está estrechamente vinculado a la consolidación de una agenda que despliega un dispositivo de subjetivación neoliberal que instalan mecanismos que podríamos calificar de “sucedáneos” de integración: por el ejemplo el acceso a educación y consumo vía endeudamiento, la resolución parcial del acceso a la salud a través del AUGE, pero ello en un escenario de progresiva precarización el empleo además de no hacerse cargo de lo previsional. En otras palabras, el foco de las transformaciones estuvo puesto en modificar la experiencia de la desigualdad sin tocar su manifestación objetiva en lo más mínimo (los índices de desigualdad se han mantenido relativamente estables en las últimas dos décadas) apelando a instalar una subjetividad neoliberal: disciplina, responsabilidad y capacidad de cálculo individual, es decir, el autogobierno y el sentido emprendedor como modo de vida, en tanto las trayectorias de éxito están asociadas al despliegue de estas habilidades. Pues bien, la experiencia reciente nos ha demostrado que esas habilidades no son suficientes para asegurar un buen vivir y la desigualdad objetiva vuelve a ser un problema social porque reaparece con fuerza la dimensión subjetiva de dicha desigualdad, en tanto se toma consciencia -probablemente de un modo brutal- que a pesar de nuestros máximos esfuerzos se continúa estando en una posición de subordinación y, probablemente, en ese remezón de consciencia jugaron un rol relevante las torpes frases de varios ministros al ridiculizar la experiencia de parte importante de los sectores medios y vulnerables.
En términos simples, considero que este estallido social es -sin duda de un modo difuso- en respuesta a una agenda neoliberal excluyente en la participación equitativa y justa de los beneficios del crecimiento al cual todos contribuimos y ello nos lleva, necesariamente, a debatir como sociedad en torno cuál es el modelo de desarrollo que nos queremos otorgar -lo que varios analistas indican como la necesidad de un nuevo pacto- y en ello es fundamental discutir previamente el modo en que se construye y legitima dicho pacto, pues ya no puede ocurrir a nivel partidario o en acuerdos público-privados o por medio de comisiones amplias que concluyen en la mera legitimación de las posturas de los grupos de interés más poderosos.
Los temas urgentes en esta coyuntura pasan primero por contener el descontento pero seguidamente es necesario sentar las bases de una sociedad más inclusiva y justa en la distribución del crecimiento, para que no sólo las penas sean nuestras.
*Académico INVI, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.
