El derecho a habitar

Por María Belén Stewart Vergara*

En la extensión inhóspita del suelo, donde la avanzada de los procesos de urbanización van desterrando el desierto por la impronta de los procesos del mercado, emerge la vivienda como común, a partir de la institución de la resistencia en un acto insurgente que reclama el acceso a esta, en tanto se considera un bien de primera necesidad para la reproducción de la vida.

Así, son los cuerpos precarizados que, reunidos en torno a la lucha por anhelos compartidos, dan paso al surgimiento de espacios de organización colectiva que reivindican la dimensión común de la vivienda como un derecho colectivo, que en la práctica, sobre el territorio se materializan como un habitar «fuera de la ley» frente al escenario de los cercamientos que instauran las dimensiones público-estatal y privado-mercantil.

Perviven así las tomas o campamentos, emplazados inmediatamente después del límite urbano de la ciudad de Pozo Almonte, como un «delito de ocupación ilegal de un inmueble fiscal» o sobre un bien en propiedad, siendo más bien un ímpetu que nos llama a reconocer un habitar en régimen de autogestión, en disputa a las normas públicas del Estado; en razón de garantizar la función social del suelo, que resguarde la necesidad de la vivienda y la unión indisoluble del derecho por la ciudad.

* Arquitecta de la Universidad Arturo Prat de la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá.