LA DEUDA DE CHILE: SEGREGACIÓN, DESIGUALDAD Y SEGURIDAD

Por Hernán Ortega Castillo, experto en Seguridad y Gestión Urbana Integral

Es urgente y  necesario reconocer la segregación social como una grave amenaza para la sustentabilidad de la democracia y de nuestra sociedad.

La segregación es consecuencia de la construcción de guetos urbanos cargados de injusticia, con mala calidad o estrechez de las viviendas, espacios comunes deteriorados o deficitarios y falta de bienes públicos, de seguridad, de equipamientos; pésima calidad del transporte, falta de conectividad y con los tejidos viales internos laberínticos que obstaculizan el libre tránsito de las personas; además de difícil acceso a la salud y a la educación. Esta realidad tiene altos impactos y costos para la estabilidad de la sociedad en su conjunto y debilita, directamente, el ingreso de las personas a las oportunidades de progreso que ofrecen las ciudades.

La erradicación de campamentos hacia las periferias durante la dictadura militar o el efecto  de soluciones habitacionales basadas en bajos precios del suelo, han sido hasta ahora parte de las causas.

La construcción de viviendas sacrificando la calidad en función de la cantidad durante los ’80 y ’90  es otra parte del problema. Por esto es una deuda que tenemos que pagar como Estado…

Se ha establecido la contradicción vital en la que los más necesitados del apoyo del Estado son llevados a las zonas menos deseadas o de menor valor de las ciudades. El monto de los subsidios habitacionales se han incrementado significativamente en los últimos años, sin embargo el mercado especulador del suelo reacciona y lo transforma en demanda, que ante un aumento de la misma responde con un incremento del costo de la oferta o del suelo.

El Estado chileno se basa en un sistema altamente centralizado en materia de asignación de recursos y fuertemente sectorialista en materia de inversiones públicas, haciendo muy difícil construir espacios de ciudad más equitativos sin una descentralización de la visión de la realidad y las propuestas.

Se debe tender a reemplazan la visión y las metas sectoriales por metas y visión de país, de conjunto. La mirada global e integral es una urgente necesidad en la planificación del Estado.

ALTA COMPLEJIDAD

Lo que aparece en estos territorios segregados –que en la Región Metropolitana se sitúan más allá de Américo Vespucio, en la parte más alta de Playa Ancha en Valparaíso, en Alto Hospicio tras los cerros de Iquique, en La Negra y en la zona norte de Antofagasta…– es algo más profundo que simple pobreza. Se evidencia que la falta de oportunidades económicas, sobre todo de las personas más jóvenes, es un motor de frustraciones que se ve potenciado por la eficacia de una publicidad que endiosa el consumo desbordante. Frente a ello, para muchos, el involucramiento en actividades ilícitas aparece como su oportunidad de acceso a la riqueza en corto plazo.

El conjunto de situaciones que se manifiestan en dichos lugares, conforman lo que se denomina “Barrios de Alta Complejidad”.

La alta complejidad de un barrio está dada por la multiplicidad de factores que inciden en su estado de deterioro, lo que tiene repercusiones en la calidad de vida de sus habitantes: hacinamiento interior y exterior, mala calidad de las viviendas, déficits de infraestructura institucional y de servicios, malas relaciones entre la comunidad, inseguridad objetiva, sentimiento de abandono y ausencia del concepto de autoridad o de gobernabilidad. Por eso requiere una intervención que resitúe la relación entre iguales, con la autoridad y el resto de la sociedad o comunidades vecinas.

En estos lugares se concentran manifestaciones diversas de pobreza y de vulnerabilidad tal que imposibilitan que tanto vecinos como autoridades locales puedan generar por sí solas fórmulas de superación de las situaciones creadas.

Para ello se requiere de planes y proyectos que aborden el problema global, desde la seguridad en forma prioritaria, con el objetivo de restablecer la presencia de la autoridad del Estado garante de tranquilidad y equidad en primer lugar, pero considerando la mejora en las condiciones de vida, que permita restablecer formas de convivencia adecuadas y estables.

En base a nuestra experiencia, no existe otra alternativa que generar un plan con dimensiones de intervención integral, que abarque desde la problemática social a la urbana y de la convivencia al desarrollo social y económico, con la perspectiva de ofrecer mejores oportunidades a las familias que viven en estos sectores.

En definitiva, el concepto de complejidad debe ser superado por la implementación de un “plan integral”, que genere ciudad y calidad de vida en un clima de justicia y tranquilidad.

Este cambio de visión de nuestras instituciones a cargo del desarrollo urbano, permitirá el acceso justo a las oportunidades que brindan las ciudades, impidiendo la exclusión social, y posibilitando el desarrollo y convivencia nacional en su conjunto.

 


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