¿Por qué en mi barrio no? Las “Zonas Rojas” como forma de retracción institucional en Santiago de Chile

Por Gricel Labbé*

Imagen: Población Santo Tomás, Comuna de La Pintana.

Diversos barrios y poblaciones de Santiago fueron creados y abandonados por el Estado con la política masiva de vivienda social de los 80s y 90s. Ante esto, los residentes se sienten confinados a un espacio delimitado y periférico: porque el bus del TranSantiago no transita a ciertas horas, colectivos y taxis se niegan a entrar, no existen farmacias, cajeros o supermercados próximos, las empresas de telecomunicaciones no tienen cobertura, y un largo etcétera, lo cual ha ido produciendo un sentimiento de aislamiento y exclusión entre los residentes.

En el proyecto Fondecyt Nº 11150426, investigamos la influencia de distintas instituciones en tres poblaciones marginales de la Región Metropolitana: población Santo Tomás (La Pintana), Población Yungay (La Granja) y Lo Hermida (Peñalolén). Una de nuestras hipótesis señala que los territorios son modelados por la desinversión de determinadas instituciones y que su retracción estaría originando lo que se ha llamado “Zonas Rojas”. Esto es, la ausencia de varias instituciones públicas, privadas y civiles en un área determinada, que por diferentes razones, se niegan a entrar a barrios marginales y entregar sus servicios, lo cual genera una variedad de efectos sociales, económicos y simbólicos.

La investigación ha evidenciado que el Estado es el productor inicial de Zonas Rojas, al confinar con políticas de vivienda social a grandes sectores de la población en barrios carentes de equipamientos y servicios. Posteriormente, gran parte de su actuar queda delegado a la administración municipal, mediante la transferencia de recursos y competencias.

Pero, ¿cuáles son las motivaciones para negarse a entrar a estos sectores? Son diversas las motivaciones que están detrás de la decisión de las instituciones privadas, quienes se prenden de la retracción Estatal: desde una demanda no solvente, niveles de criminalidad, vandalismo, y hasta la abstención electoral. En el caso de las telecomunicaciones, por ejemplo, el principal problema radica en que el subsidio estatal es a la oferta y no a la demanda, implicando que las inversiones del Estado no llegan a las familias sino a las empresas. Así, se van generando grandes zonas del sector sur sin cobertura o permitiendo que se instale una empresa que ejerce prácticas monopólicas, entregando un mal servicio y a un alto costo.

Otras instituciones que se niegan a entrar son las cadenas del retail y los supermercados, quienes dejan grandes áreas desprovistas de alimentos a menor costo y a horarios de adquisición más flexibles, lo cual ha sido catalogado en la literatura internacional  como desiertos de comida (food deserts). También, los repartos a domicilio son rechazados en ciertas áreas. Pero la negativa no es explícita, sino más bien, aluden a falta de personal para la cobertura o se imponen excesivos montos mínimos de consumo para hacer el despacho. Se ha logrado identificar que existen cadenas de comida rápida que basan su decisión en un Sistema de Información Geográfica que monitorea indicadores como cantidad de asaltos a repartidores, levantando así los muros invisibles de la Zona Roja.

Según constató CIPER[1] la ausencia de ambulancias, bomberos, colegios, consultorios, y una larga lista de instituciones encabezadas por el Estado, han convertido a 80 poblaciones de Santiago en zonas ocupadas por el narco.

Estas áreas también están vetadas para el mercado financiero y los promotores inmobiliarios. El sector sur de Santiago es un gran área de desinversión: el 0% de las transacciones es por intermedio de un banco y el 1% es a través del Municipio[2]. Además, las viviendas en estos sectores, se transan a un menor precio debido al estigma territorial del barrio, lo cual genera que los residentes tengan pocas posibilidades de movilidad residencial. Por un lado, la banca no les otorga créditos y por otro, no pueden vender su vivienda y si lo hacen, con el dinero de la venta se ven obligados a comprar en sectores de similares o peores condiciones.

Otra arista de las Zonas Rojas es el transporte público. En Santiago, la crisis de movilidad es aguda en sectores periféricos. A pesar que la trama de recorridos abarca la mayoría de las poblaciones, es la frecuencia y la calidad las que marcan la diferencia. Las empresas del sector sur pierden aproximadamente dos mil salidas al día, las cuales son asimiladas como costos de operación dejando a la deriva a miles de personas. El problema radica en la lógica de mercado detrás de la operación del  transporte: el Estado licita paquetes de “servicios buenos y malos” para que la empresa de transporte tome también los no rentables. Con este sistema, las empresas están obligadas a ir, pero no importa el cómo lo hagan en términos de calidad.

En resumen, las Zonas Rojas son delimitadas por una relación dialéctica entre instituciones públicas y privadas, al ser creadas por el Estado, magnificadas por la estigmatización, y luego mantenidas y reforzadas por los privados.

*Alumna MDU del IEUT-PUC, y miembro del equipo de investigacion del Proyecto MUEI

[1] Ciper (2012). El dominio del narco en las poblaciones más vulnerables de Santiago. Disponible en línea: http://ciperchile.cl/2012/10/22/el-dominio-del-narco-en-las-poblaciones-mas-vulnerables-de-santiago/.

[2] Información extraída de INCITY  (2016).

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